Presenta Verónica Martínez, dipuada por Coahuila, iniciativa para expedir la Ley General de Prevención del Suicidio

Desde la tribuna del Palacio de San Lázaro, la diputada federal por Coahuila, Verónica Martínez García, presentó ante la Cámara de Diputados la Iniciativa con Proyecto de Decreto para expedir la Ley General de Prevención del Suicidio, con el propósito de atender esta problemática como una prioridad de salud pública, justicia social y responsabilidad del Estado mexicano.

“Hablar de suicidio es hablar de vidas que pudieron salvarse, de familias marcadas por el dolor y de una sociedad que aún no ha construido los mecanismos suficientes para prevenirlo. No podemos seguir siendo indiferentes ante una realidad que va en aumento”, expresó la legisladora.

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De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 se registraron 8 mil 856 suicidios en México, lo que representa una tasa de 6.8 por cada 100 mil habitantes, superior a la de 2014 (5.1) y 2019 (5.6). En hombres, la tasa alcanzó 11.2 por cada 100 mil; en mujeres, 2.6 por cada 100 mil.

La diputada subrayó que los grupos más afectados son jóvenes de 15 a 29 años y adultos de 30 a 44 años. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud estima que más de 700 mil personas mueren cada año por suicidio, lo que dimensiona la magnitud del fenómeno.

VACÍOS LEGALES Y FRAGMENTACIÓN INSTITUCIONAL

La congresista del PRI sostuvo que cada caso responde a contextos distintos, marcados por angustia, ansiedad, sufrimiento o impulsividad, y enfatizó que no todos los suicidios tienen como origen la depresión, pues también pueden estar asociados a crisis súbitas o factores sociales.

Señaló que actualmente el Estado mexicano carece de un marco legal integral que articule políticas públicas, investigación científica y mecanismos efectivos de prevención. “La regulación existente es fragmentada y desigual entre entidades federativas, lo que hace urgente homologar protocolos, estrategias y acciones en todo el país”, afirmó.

Aunque existen esfuerzos institucionales a través de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, destacó que no existe una ley general especializada que coordine a los tres órdenes de gobierno ni un órgano rector formal dedicado a la investigación científica en suicidología.

REGISTRO NACIONAL Y PROTOCOLOS OBLIGATORIOS

La iniciativa plantea la creación de un marco de coordinación nacional entre Federación, estados y municipios; el establecimiento de protocolos de detección temprana y actuación en crisis; y un modelo de atención integral que incluya prevención, intervención y postvención.

Asimismo, propone capacitación obligatoria para personal de salud, educación y servicios públicos; campañas permanentes para combatir el estigma en torno a la salud mental; la creación de un Registro Nacional de Conducta Suicida; y la instalación de un Comité Nacional de Investigación en la materia.

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La propuesta también contempla la protección de los derechos de personas con ideación suicida y el acompañamiento a sus familias, sustentándose en el derecho a la protección de la salud, la dignidad humana, el principio de no discriminación y la obligación del Estado de salvaguardar la vida.

Martínez García advirtió que estudios recientes evidencian que más de la mitad de los suicidios pueden ocurrir sin diagnóstico previo de depresión, lo que obliga a fortalecer la investigación y la generación de datos científicos actualizados, en un país que no cuenta con una encuesta nacional reciente en epidemiología psiquiátrica.

“La salud mental es un derecho humano fundamental. Legislar para prevenir el suicidio es legislar para salvar vidas, ofrecer esperanza a quienes atraviesan crisis silenciosas y acompañar también a sus familias”, concluyó.