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Por su geografía y vecindad con Texas, el crimen organizado ha tomado la entidad como un corredor logístico para el tráfico de personas. En apenas la tercera parte de 2022, el flujo migratorio ya representa el 57% de la media estatal de los últimos 5 años
- 09 mayo 2022
Los hondureños Julián de Jesús Madariaga y Edwin Cruz se conocieron en su ruta migrante. Los dos llegaron juntos hasta Torreón, Coahuila, a unos 600 kilómetros de la frontera más cercana con Estados Unidos. Pero hasta aquí llegarán juntos. Julián de Jesús, 55 años, quiere regresar a su país. Edwin, 44 años, busca llegar a Monterrey y encontrar trabajo allí..
Sus historias son comunes entre las personas migrantes. Julián de Jesús Madariaga tenía una microempresa de muebles, pero las pandillas empezaron a cobrarle 30 mil lempiras mensuales (1,200 dólares) por derecho de piso, o como le llaman en Honduras, “impuesto de guerra”.
Un año después, le llegó una nota que la cuota había subido a 100 mil lempiras mensuales (4,000 dólares). Ya no pudo costear y cerró el negocio. Pero a los tres días balearon su casa y casi matan a su familia.
A Edwin, el hambre lo expulsó.
Pero ellos, a diferencia de otros migrantes, no tuvieron dinero para pagar un pollero que los trasladara hasta la frontera y los cruzara.
“Solo pueden los que tienen familiares allá arriba”, dice Julián de Jesús desde la Posada del Peregrino en Torreón, donde en un lunes caluroso se albergan siete migrantes.
Para Julián de Jesús y Edwin, el único vehículo es el tren. Y por eso su viaje, por lo pronto, se detuvo en Torreón. No tienen dinero para pagarle a un traficante. Para muchos otros migrantes ese viaje también se ha estancado en Coahuila, una entidad en la que velozmente incrementan las detenciones de migrantes.
¿Por qué está sucediendo en Coahuila?
De enero a abril de este año, las noticias de migrantes encontrados en las carreteras del estado han sido constantes. Hallados en cajas de camiones, rescatados de tráileres abandonados o encontrados en camiones de pasajeros.
El 23 de abril, autoridades mexicanas interceptaron un tráiler que transportaba en la caja a 92 migrantes, incluyendo 19 menores de edad. Los migrantes viajaban hacinados y fueron encontrados gracias a una revisión a la altura del Centro de Justicia Penal de Saltillo.
El 26 de abril, en el municipio de San Pedro, 39 migrantes fueron detenidos en distintos puntos de revisión. Viajaban en autobuses de pasajeros rumbo a la frontera. Tres días después, 25 migrantes fueron asegurados en el municipio de San Pedro por la Policía Civil de Coahuila cuando intentaban llegar hasta Estados Unidos transportándose en autobuses.
Autoridades y defensores de derechos humanos han reconocido el incremento de las detenciones y rescates de migrantes en la entidad en estos cuatro meses. Son flujos extraordinarios que, de acuerdo con el Gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, “no son del orden común” y donde tiene relación el crimen organizado.
Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante en Saltillo, tiene más preguntas que respuestas ante la situación que ha ocurrido en los últimos meses en Coahuila.
“Es extraño y preocupante”, dice. “¿Por qué está sucediendo en Coahuila cuando inician en el sur del país? ¿Por qué no fueron detectados en entidades previas? ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué en Coahuila?”, son algunos de los cuestionamientos del defensor de derechos humanos.
Guillermo Vázquez del Mercado Almada, analista senior de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, cree que Coahuila ofrece de alguna manera un punto medio entre pasar por la ruta más larga que es la del Pacífico o la más corta y peligrosa que es la del Golfo.
“Desde ahí los grupos criminales, todas las bandas estén empujando o privilegiando estos mercados ilegales”, considera el especialista.
En la entidad se han encontrado tráileres llenos de migrantes. Tráileres abandonados con personas dentro, encerradas, que, si no hubiera sido por rescates, hubieran muerto asfixiadas y en hacinamiento.
El 22 de enero en la carretera Matehuala-Saltillo, 54 indocumentados centroamericanos fueron interceptados en una caja de tráiler. El 5 de marzo en Monclova fueron rescatados 64 inmigrantes en Monclova en otra caja de tráiler, pero al menos un centenar huyeron. En esa ocasión, una mujer embarazada y un hombre murieron por deshidratación y las temperaturas de más de 40 grados dentro de la caja del transporte.
“Es muy extraño que pase en Coahuila y de forma reiterada a diferencia de otras entidades”, vuelve a expresar Xicoténcatl.
El Gobernador Riquelme Solís ha asociado el incremento del fenómeno migratorio con los últimos enfrentamientos de la policía Estatal con presuntos miembros de la delincuencia organizada.
Ante esta premisa, el defensor Alberto Xicoténcatl cree que tantos casos de tráfico en camiones y tráileres que abandonan, se puede tratar de un mensaje del crimen organizado enviado al Gobierno estatal.
“Los cárteles envían mensajes muy crueles, pero qué quieren decir. Es un mensaje complejo que solo entienden ellos (la delincuencia y el Estado)”, comenta.
El analista Guillermo Vázquez tiene dos hipótesis. Las dos tenebrosas y perversas porque concibe a seres humanos como mercancías: puede tratarse de errores de logística en la entrega de la “producto” o que ese “cargamento” no pagó la cuota de cruce.
“Es una lógica perversa. Puede ser ‘déjala ahí, vamos a pasar a recogerla’, se les olvidó. O no se ha cubierto la cuota de esas personas. Si la traes no va a pasar y como muchos productos cuando la mercancía pierde valor, como los chiles o tomates, sale más caro llevarla al punto de entrega cuando no me la van a pagar”, amplía el analista de la Iniciativa Global.
Parecido piensa David Pérez, especialista en derechos humanos y excoordinador del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi.
Comenta, con base en testimonios de migrantes, que muchas veces resulta que no es costeable asumir el riesgo de continuar, les incrementan precios y llegar hasta un punto representa ya recuperar inversiones.
“Todo eso sucede mientras los migrantes están expuestos”, añade.
Pérez considera que los números de detenciones deben ser cuestionados más allá si reflejan efectividad o no, pues es un tema que escapa de la atención en la raíz.
El 9 de marzo, en un filtro en el municipio de Allende, se detuvo un autobús de pasajeros que transportaba a 79 migrantes. El 13 de marzo, otro camión fue interceptado y en su interior se hallaron 82 migrantes cubanos.
El 15 de marzo, policías de Castaños detuvieron dos camionetas tipo van en donde iban 64 migrantes guatemaltecos, cubanos y colombianos, y en el municipio de Arteaga, el mismo día, fueron hallados 38 indocumentados abandonados en una caja de tráiler.
Y el conteo continúa.
Enfrentamientos, ligados a tema migratorio
El Gobernador Miguel Riquelme ha mencionado, a raíz de la crisis migratoria, que los últimos enfrentamientos entre policías estatales con presuntos miembros del crimen organizado tienen que ver más con el tráfico de migrantes que con el tema del trasiego de droga.
“Hoy les deja 5 mil, 6 mil dólares por migrante, más que la droga”, aseguró el mandatario durante una conferencia de prensa.
En cuatro años, la Fiscalía General de Coahuila ha abierto 48 carpetas de investigación por enfrentamientos entre civiles armados y policías estatales. En ese periodo suman 107 civiles armados abatidos, según información entregada como respuesta a una solicitud de información.
A pesar de que en el discurso oficial se ha referido que el crimen organizado intenta “ingresar al estado”, principalmente por el noreste de la entidad, en las brechas que comunican Coahuila con Nuevo León y Tamaulipas, Torreón es el municipio con más carpetas abiertas por enfrentamientos desde el 2018, con 18 expedientes. Le siguen Piedras Negras y Guerrero, al norte, con cinco cada municipio.
Tráfico de personas, el de mayor prevalencia en el mundo: Iniciativa Global
Miguel Riquelme ha mencionado que el crimen organizado tiene “cómplices” en distintas entidades desde donde mandan a los migrantes en camiones.
Los migrantes Julián de Jesús y Edwin platican que durante todo el camino sobran los traficantes que ofrecen sus servicios.
“Preguntan que si tiene uno familia allá arriba. Dependiendo del estado donde esté uno, es lo que cobran. En Apizaco cobraban 8 mil dólares, imagínese. Es mucho pisto (dinero)”, se queja Edwin.
En los estados del sur, los migrantes difícilmente se incorporan a la economía por lo que, explica Guillermo Vázquez del Mercado Almada, analista senior de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, se van formando caldos de cultivo complicados porque no pueden moverse, no pueden regresar a sus países ni avanzar o trabajar sin un permiso.
Se les restringe el derecho de movilidad y se van desarrollando presiones para que los flujos migratorios busquen salidas, muchas de ellas ilegales.
“Entonces hay gente que puede juntar 2 mil dólares y conseguir un coyote que los lleve por rutas. La mayoría se expone a las amenazas del camino”, dice Vázquez.
El Índice Global de Crimen Organizado 2021 estableció que el tráfico de personas es el más prevalente a nivel mundial, más rentable, por encima del de droga.
Y por eso, recalca el Gobernador coahuilense, el crimen organizado busca perderse en la parte ciega del territorio entre Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, una zona conocida como la Ribereña, en el mero desierto, y establecer bases.
“Quieren entrar y desde el interior de Coahuila tener sus operaciones. Nadie puede operar en esa parte del desierto, ni la policía, por eso queremos cuarteles en la brecha del gas”, comentó el Gobernador Riquelme.
Es la lucha por el territorio.
Las acciones de gobierno mueven precios del mercado de personas
Alberto Xicoténcatl cuenta que, de 2009 para atrás, el 90 por ciento de las personas migrantes que pasaban por la Casa del Migrante de Saltillo, tenían la idea de ingresar a Estados Unidos de forma irregular, caminando por el desierto, solos.
“La gente llegaba y lo lograba”, recuerda.
Sin embargo, a partir del 2010, después del inicio de la guerra contra el narcotráfico, la delincuencia organizada se empoderó de los espacios y territorios; esos territorios por los que antes los migrantes cruzaban, se volvieron terrenos hostiles, dominados por bandas delictivas.
Desde entonces, asegura Xicoténcatl, no hay una sola persona migrante que llegue al albergue en Saltillo, que pretenda siquiera que es posible cruzar sin el apoyo de un traficante.
“Es imposible”, señala tajante.
Guillermo Vázquez, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, explica que los grupos delincuenciales se dieron cuenta hace muchos años de la necesidad de tener flujos o lugares de paso constante para el trasiego de drogas. Por ello, cada grupo criminal ha luchado o luchó por tener o mantener esos puntos de cruce.
Pero con el paso del tiempo, se dieron cuenta que también podían pasar muchas otras cosas.
“Es una forma de control territorial. Esos puntos de cruce, todos, tienen dueño”, menciona Guillermo Vázquez.
Los grupos criminales entendieron que esos puntos son altamente rentables para personas en tránsito porque son flujos que no bajan, “al contrario han subido y subido”, dice Vázquez sobre la migración. Eso genera una renta constante para los grupos.
“Tienen que pagar por cruzar lo que sea: mercancías o personas. Todo está conectado”.
Y si hay más obstáculos, restricciones o peligros, el costo aumenta. Alberto Xicoténcatl considera que se ha acentuado y se ha encarecido.
“Entre mayores políticas restrictivas migratorias tiene un país, el tránsito es más peligroso y difícil y por consecuencia es más costoso”, explica.
Las políticas públicas restrictivas no detienen la migración. Una migración que no es detenida por las políticas públicas es aprovechada por las bandas delictivas quienes se convierten en una de las pocas alternativas de tránsito.
Sus “servicios” son más costosos, sus ganancias son cada vez más grandes y sus estructuras se fortalecen.
David Pérez explica que cuando en una zona se disputan el control del territorio, hay un grupo que se impone, pero eso no significa que los otros grupos dejen de operar, sino que diversifican su actividad delictiva.
“Al diversificar, una de las cosas que se amplía es la oferta, y el tráfico de personas es una de ellas”, comenta.
El sacerdote José Guadalupe Valdés, defensor de los derechos de los migrantes y asesor del albergue Frontera Digna en Piedras Negras, dice que el migrante nunca ha buscado trato con la delincuencia organizada porque reconoce que cualquier persona que lo hace, pone en peligro su vida. Sin embargo, destaca que la delincuencia organizada trata de involucrar al migrantes en sus acciones.
“Siempre ha sido un negocio el tráfico de migrantes. Por cada migrante que desde su lugar de origen le cobran 3 mil dólares para llegar a la frontera, pues con 10 migrantes tiene el negocio de 30 mil dólares y en una semana. Y me voy bajo con esa cantidad”, comenta el clérigo.
Y sí, la cifra que da el clérigo es baja. El migrante Julián de Jesús cuenta que desde Honduras llegan a cobrar hasta 10 mil dólares.
“Los que tienen familiares arriba sí los pagan. Pero mejor se rifa uno solo”, dice el migrante Edwin, sentado en una litera de la Casa del Peregrino.
El vacío federal
La detención de migrantes y flujos es del orden federal. Pero en muchas de las noticias de rescates y detenciones de migrantes, son las policías de Coahuila las que realizan las acciones.
Según la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, en este año han realizado el “rescate” de 501 migrantes en “coadyuvancia” con el INM. El número, entregado a través de una solicitud de transparencia, refleja un aumento del 332% en los últimos cuatro años.
“¿Qué pasa con la Federación? ¿Por qué una autoridad local tiene una atribución que no le corresponde, que no es de su facultad, ante la simple mirada de la Federación?”, vuelve a interrogar Alberto Xicoténcatl.
Comenta que hay un vacío en términos de la identificación de la delincuencia organizada y por otro lado una participación “fuerte” de la Federación en lo que ellos llaman “rescates”, aunque Xicoténcatl dice que no todos lo son.
Algunas son estrictas detenciones que escapan de la protección a personas migrantes.
“El esfuerzo se centra en la identificación, detención y deportación y no en la creación de políticas públicas para que a la par de esto que es constitucional, se creen los elementos para que los miles que no logran ser identificadas por la autoridad puedan transitar en México de una manera segura”, señala el defensor de la Casa del Migrante.
Para Xicoténcatl nunca ha habido una política migratoria ni ahora ni antes. Sin embargo, lo que es un hecho es que ahora no hay diálogo con la sociedad civil.
“Antes había una simulación de diálogo y había algo mínimo de incidir. En este momento eso no existe y el flujo migratorio refleja esto. La política de migración sigue oscura y opaca; no ha cambiado pero la diferencia es que ahora el diálogo está completamente cerrado”, critica.
El Gobernador de Coahuila ya ha hecho llamados al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Secretaría de Gobernación para tener reuniones de coordinación con los estados para detectar de origen los traslados de los migrantes y evitar lo que ha sucedido en Coahuila en los últimos cuatro meses.
“Necesitamos una coordinación más factible. No la veo. Solo nos llaman para preguntarnos cuántos venían en el camión. Así está a toda madre”, reclamó el Gobernador Miguel Riquelme el 15 de marzo en una conferencia en Torreón.
El mandatario estatal exhortó a tener reuniones con las autoridades federales porque, dijo, “hay muchas llamaditas pero no hay reuniones”, dijo el mismo día.
Esa reunión se dio un mes después, pero en Austin, Texas, con el Gobernador de aquel estado norteamericano.
Los acuerdos Coahuila-Texas, ¿irregulares?
El 14 de abril, el Gobernador Miguel Riquelme Solís subió una fotografía a lado de su homólogo texano, Greg Abbot, y un tuit que decía: “Saliendo del Capitolio, terminando una productiva reunión con el gobernador de Texas, donde firmamos un acuerdo bilateral en materia de seguridad y migración en nuestra frontera”.
Y en un segundo tuit: “A partir de este momento se levantan las revisiones exhaustivas que el gobierno de Texas estaba realizando a todo vehículo de carga, lo cual hará más ágil el comercio binacional. Seguiremos trabajando en equipo por la prosperidad de nuestros Estados”.
Días antes, el Gobernador texano había ordenado la detención e inspección de todos los tractocamiones y autobuses que cruzaran desde México, argumentando medidas de control migratorio y seguridad fronteriza para prevenir el trasiego ilegal de migrantes y drogas. Esa decisión costó cientos de miles de pesos por el bloqueo comercial.
El 12 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó las inspecciones impuestas a través de un comunicado. Pero no pasó más. Ninguna figura federal apareció y nadie plantó algún discurso mediático. Ese mismo día, el Gobernador de Coahuila en conjunto con su homónimo de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, enviaron una carta a Greg Abbot.
En una parte de la carta, señalaron: “A pesar de que el gobierno federal mexicano y Washington habitualmente no comprenden completamente la importancia de la nuestra región fronteriza, los cuatro estados fronterizos de Estados Unidos y los seis estados mexicanos que componen la frontera norte de México, son las regiones fronterizas terrestres más dinámicas, complejas y desafiantes del mundo”.
Después de la reunión del 14 de abril, a la que públicamente no acudió ninguna autoridad federal, se informó a través de un comunicado del Gobierno coahuilense, que los estados trabajarían para reducir el tráfico humano de los cárteles, así como el contrabando del fentanilo y cualquier droga en la frontera. Y otro punto fue que trabajarían para “detener el flujo de migrantes de más de 100 países que ingresan ilegalmente a Texas a través de la frontera de Coahuila”.
“Coahuila ha comenzado y continuará mejorando las medidas de aplicación para la seguridad fronteriza en los cruces que le corresponden de ambos puertos de entrada sobre el río Bravo, para prevenir el ingreso de inmigración ilegal de Coahuila a Texas”, dice el comunicado.
Para ello, el Gobierno coahuilense se comprometió a continuar con los filtros establecidos en diversos puntos de la entidad. Los filtros a cargo de la Policía Estatal. También la designación de equipos especiales de personal y motor para evitar el cruce de inmigrantes en Acuña y Piedras Negras.
Este acuerdo entre Texas y Coahuila es algo que preocupa al director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl. Califica como “grave” que lo hayan hecho fuera de su competencia y ante la mirada pública.
“Hasta hace tiempo los acuerdos migratorios binacionales cuando eran tan restrictivos se trataban de ocultar. Eran políticamente incorrectos hacerlos públicos. Se hacían a escondidas de la mirada pública”, critica Alberto Xicoténcatl.
“Preocupa que el Gobernador de Texas y el Gobernador de Coahuila, asumiendo algo que no es de su competencia, no solo que acuerden, sino que publiciten y lo hagan mediáticamente con una bandera nacionalista y no exista una crítica de la Federación ni de las comisiones de Derechos Humanos ni estatales ni nacional para decir que este tipo de acuerdos son irregulares constitucionalmente y violatorios de derechos humanos”.
Para el defensor de derechos humanos se llegó a un grado de cinismo muy fuerte de asumir responsabilidades que constitucionalmente no son de su competencia y, además, hacerlo público.
Esos acuerdos ya están a la luz: el 27 de abril circularon imágenes de un helicóptero del Gobierno de Coahuila que bajó prácticamente a la altura del río Bravo para hacer que un grupo de migrantes que intentaban cruzar, retrocedieran.
Un día después, el Gobierno de Coahuila anunció el inicio del “Operativo Espejo” en la frontera, un operativo de vigilancia de autoridades de Coahuila y Texas para evitar que migrantes sean víctimas de traficantes de personas en su intento por cruzar a Estados Unidos.
“Este operativo se realizará de forma permanente con vigilancia terrestre y área, como parte de acuerdo celebrado con el gobernador de Texas, Greg Abbot”, dijo Riquelme en la puesta en marcha del operativo.
El despliegue de seguridad incluye la participación del lado coahuilense de 250 elementos, 50 unidades y un helicóptero. Sonia Villarreal, Secretaria de Seguridad Pública en Coahuila, informó que como resultado del operativo se había detenido a 96 “polleros” en flagrancia.
El asesor del albergue Frontera Digna en Piedras Negras, José Guadalupe Valdés, expone que un muro humano como el que ha colocado el Gobierno de Coahuila para los migrantes es más difícil que el muro de concreto.
El defensor comenta que se le están poniendo muchos obstáculos a los migrantes para llegar a Estados Unidos, y esos obstáculos suelen ser violatorios de los derechos humanos, además de subir los costos del tráfico y cobro de piso a las personas migrantes.
David Pérez dice que, de acuerdo con los testimonios de los migrantes, les tienen tanto miedo a las autoridades estatales como federales, pues expresan y detectan que en ocasiones actúan de forma coludida con los traficantes.
“Estamos transitando en un proceso peligroso de ilegalidad donde la ilegalidad y el delito no se esconde, sino que se presume. No es una interrogante sino es una aseveración y preocupación grande a partir de estas detenciones ilegales y en coparticipación con el estado de Coahuila”, añade Alberto Xicoténcatl.
Xicoténcatl advierte que si el INM, una institución formada, educada, con un marco legal, debe gestionar estas situaciones y lo hacen “terriblemente mal”, ahora “imagínate con una dependencia que no tiene la formación y el marco legal regularizado para estas acciones. Es un caldo de cultivo para el incremento de violaciones de derechos humanos”, critica.
A decir de David Pérez, ese acuerdo también hay que leerlo a nivel político. Tanto en la discusión interna en Estados Unidos y el contexto electoral de Texas, como la parte del Gobernador de Coahuila de mostrarse como una oposición y hacer frente al gobierno federal.
“Ese acuerdo les sirve a los dos para responder al contexto político de sus países”, refiere. Pero en los hechos, no atiende la realidad de fondo.
El tema siguió politizándose. Hace unos días, el Canciller Marcelo Ebrard declaró a Milenio que los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas habían sido “extorsionados” por el Gobernador de Texas.
El 2 de mayo, Riquelme respondió que tuvieron que arreglar lo que no quiso hacer el Gobierno mexicano.
“Enfrentamos una problemática que no es nuestra y no está en nuestras funciones y la asumimos”, declaró Riquelme y justificó que todos los operativos, filtros y revisiones, es porque quieren evitar que los migrantes mueran al cruzar o que caigan presos del crimen organizado.
Ven en la migración un desafío para la sociedad
Esta crisis migratoria, que ya bajó a la toma de decisiones a nivel estatal, apunta a que llegue y repercuta a los gobiernos municipales, opina Guillermo Vázquez de la Iniciativa Global.
Lo lógica es simple: son los gobiernos municipales los presionados a dar respuestas ante los flujos migratorios y son los que reciben las políticas federales, y ahora, estatales.
“Cada vez habrá más presidentes municipales en México, que digan ‘ayúdenos, ya no podemos con esto’. Los alcaldes están sobrepasados por la cantidad de migrantes”, comenta.
Para Pérez, los abandonos de migrantes son también desafíos para la sociedad. Considera que no basta con lo que se ha organizado de asistencia, sino que se tiene que brindar seguridad e integración.
“Son muchos años y la población no se ha integrado. Tenemos unos años a la fecha en que la gente se queda en el territorio nacional y que requiere de integración social. Es un doble desafío social”, comenta.
Para el defensor José Valdés, se requiere cambiar la mentalidad de las comunidades para lograr la inclusión de los migrantes y las ciudades no se vuelvan solo destinos de paso, sino también de estancia.
En la Posada del Peregrino donde están Julián de Jesús y Edwin, hay otros tres migrantes hondureños y dos haitianos. Salvo Julián de Jesús, que no pudo llegar hasta Piedras Negras, Coahuila, donde su hijo lleva tres años viviendo, los demás buscan llegar a Monterrey porque les han dicho que allí hay trabajo.
Alcanzar el “sueño americano” y cruzar el río Bravo, reconocen, es algo complicado sin familia en Estados Unidos que les financie el paso.