Raymundo Riva Palacio
El CISEN, el órgano de inteligencia civil dedicado a la seguridad interna mexicana, regresó a los viejos tiempos del espionaje político. En esta temporada electoral está sirviendo al gobierno federal y al PAN para espiar a decenas de priistas en Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Veracruz, donde el 4 de julio próximo habrá elecciones para gobernador.
El CISEN, el órgano de inteligencia civil dedicado a la seguridad interna mexicana, regresó a los viejos tiempos del espionaje político. En esta temporada electoral está sirviendo al gobierno federal y al PAN para espiar a decenas de priistas en Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Veracruz, donde el 4 de julio próximo habrá elecciones para gobernador. Y por el perfil de las escuchas realizadas, se puede argumentar que están buscando exhibir -porque no se pueden utilizar como prueba jurídica en un tribunal porque son grabaciones que no autorizó un juez- el uso de recursos públicos con fines electorales.

Tres gobernadores aparecen en la lista de escuchas ilegales del CISEN, de acuerdo con un documento donde están los nombres de los espiados, los números telefónicos que les fueron intervenidos y las fechas en las cuales comenzó el trabajo. Se trata de José Reyes Baeza de Chihuahua, Eugenio Hernández de Tamaulipas, cuyo espionaje telefónico comenzó en marzo pasado, y Fidel Herrera de Veracruz, que empezó a ser grabado desde febrero.

De los tres, llama la atención el espionaje Hernández, donde el candidato del PRI al gobierno Rodolfo Torre -quien no está en la lista de espionaje donde aparece el gobernador- supera a su adversario panista por más de 25 puntos. La intercepción telefónica contra Herrera, donde el candidato del PRI Javier Duarte -quien tampoco aparece en esa lista- aventaja por casi 10 puntos a su adversario panista Miguel Angel Yunes, se inscribe en el marco de la contienda más belicosa de todas, por lo aguerrido de éste, que creó un sistema de inteligencia política en Veracruz, cuando fue secretario de Gobierno en la administración del priista Patricio Chirinos.
Chihuahua se inscribe en otra lógica. Pese a que el PRI arrancó con una ventaja cómoda del priista César Duarte sobre el panista Carlos Borruel, en las últimas semanas la contienda se ha venido cerrando, y dentro del PAN confían que están en condiciones de darle completamente la vuelta al resultado victorioso que esperaba el PRI en esa entidad. A diferencia de Tamaulipas y Veracruz, en Chihuahua sí se está espiando al candidato Duarte y a Héctor Murguía, candidato del PRI a la alcaldía en Ciudad Juárez, donde se concentra casi el 30% del padrón electoral de la entidad.

La difusión de conversaciones telefónicas, si bien no permiten fincar responsabilidad  legal, sí ayudan a influir en la opinión pública y a crear estados de ánimo que se sumen a los expedientes jurídicos que sean presentados ante el Tribunal Electoral una vez concluida la elección sobre el uso de recursos públicos en el proceso, para buscar su anulación. Es el caso de las grabaciones de Herrera la semana pasada.

Esta lógica es clara en el listado de políticos espiados por el CISEN. Diez de las personas que están sometidas a escuchas desde principios de año están vinculadas a áreas de finanzas y administración en varios estados. En Veracruz, por ejemplo, se tienen intervenidos los teléfonos del secretario de Finanzas del gobierno, Salvador Sánchez Estrada, y del secretario de Finanzas del PRI estatal, Juan Manuel Rodríguez Melgarejo. Lo mismo sucede en Chihuahua, donde espían a Cristian Rodallegos, responsable estatal de Finanzas, y a Adriana Arriaga, la coordinadora financiera del candidato a la alcaldía de Chihuahua y ex líder del PRI estatal, Marco Adán Quezada.

En Tamaulipas tienen intervenidos los teléfonos del secretario de Finanzas del PRI estatal, Carlos Laurent, y de su antecesor, Oscar Almaraz, hoy candidato a una diputación local. En el caso de manejadores de dinero, el CISEN también fue ordenado para escuchar los teléfonos de Luis Vega Aguilar, secretario de Administración y Finanzas del gobierno del estado de México, y el de Gerardo María Pérez Salazar, secretario de Finanzas y Administración del gobierno de Puebla.

No hay elecciones este año en el estado de México, pero dentro del gobierno federal y el PAN están convencidos de que desde Toluca están saliendo recursos públicos para apoyar candidaturas priistas en todo el país, lo que hasta hoy, después de haber buscado afanosamente en las cuentas públicas mexiquenses, no han podido probar. Puebla es un estado donde se espera una de las elecciones más cerradas, con la recuperación del candidato de la alianza, Rafael Moreno Valle, frente al priista Javier López Zavala. El CISEN no sólo está espiando a Pérez Salazar, sino también a López Zavala, a quien le intervinieron el teléfono desde febrero.

No se registra en esa lista escuchas ilegales contra el gobernador Mario Marín, pero sí en contra del diputado federal mexiquense Alfonso Navarrete Prida, el único nombre que no parece tener lógica dentro del esquema del espionaje telefónico que se dibuja en esa lista. Pero la lista deja entrever el espionaje a personas cercanas a gobernadores, como en Veracruz, donde están espiando al dirigente del PRI estatal, Jorge Carvallo, y al candidato priista a la alcaldía de Coatzacoalcos, Marcos César Theruel, , y en Tamaulipas, donde espían a Ricardo Gamundi, líder estatal del PRI.

En esta lista del CISEN se aprecia un enorme interés en la elección en Veracruz, donde se pone en juego el futuro político del gobernador Fidel Herrera, y el propio prestigio del presidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, quienes impusieron a Yunes como candidato del PAN y parecen estar dispuestos a todo -inclusive avalando la existencia del espionaje telefónico, realizado por los subalternos de su incondicional, el director de ese organismo de inteligencia, Guillermo Valdés.

Detrás de Veracruz, el mayor interés que se refleja en esa lista es sobre Tamaulipas. Espiar a cinco altos funcionarios y candidatos en un estado donde el candidato del PRI tiene tan amplia ventaja sobre el del PAN, Julián Sacramento, no parece entenderse fuera del contexto de las denuncias del propio aspirante panista y de la dirigencia nacional del partido, sobre la penetración del narcotráfico en el proceso electoral tamaulipeco.
En los últimos días han aparecido algunas grabaciones telefónicas a priistas que el partido denunció como obra del CISEN, o en el caso específico de Veracruz, como manufactura de Yunes, según Herrera. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, respondió que el CISEN no realiza espionaje político. Es natural. No podría admitir la acción ilegal de las escuchas telefónicas que el CISEN, en efecto, está realizando.


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