Miguel Angel Granados Chapa
Dos poderes y un órgano constitucional autónomo marcaron con sus actuaciones la semana que hoy termina. El domingo 13, el Presidente de la República dio conocer en medios impresos una suerte de balance de La lucha por la seguridad pública, que el martes 15 resumió en un mensaje de 10 minutos en cadena nacional de radio y televisión. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a su vez, emitió el miércoles 16 su dictamen sobre el incendio de la guardería ABC, al cabo de tres días de discusión.
Dos poderes y un órgano constitucional autónomo marcaron con sus actuaciones la semana que hoy termina. El domingo 13, el Presidente de la República dio conocer en medios impresos una suerte de balance de La lucha por la seguridad pública, que el martes 15 resumió en un mensaje de 10 minutos en cadena nacional de radio y televisión. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a su vez, emitió el miércoles 16 su dictamen sobre el incendio de la guardería ABC, al cabo de tres días de discusión.

Ese mismo miércoles, en fin, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación sobre la muerte con violencia de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar. Nos limitaremos hoy a examinar la exposición presidencial ante los medios.

Salvo proponer que se reconozca que el Gobierno no está combatiendo al narcotráfico simplemente, sino luchando por la seguridad pública, un énfasis más retórico que fáctico, el documento no difiere de las varias exposiciones que Calderón ha establecido sobre el tema. El texto está dividido en seis grandes apartados: Introducción, Las causas del problema, La lucha entre las bandas y el incremento en la violencia, Había que actuar, La estrategia y Conclusiones. Para el Presidente, las causas de la actual inseguridad, de la violencia criminal presente son el consumo de drogas en Estados Unidos, el crecimiento del mercado mexicano y la pugna de las bandas por el control territorial, el paso de ese control al control de la sociedad, la aparición de delitos asociados al narcotráfico, el fácil acceso a más armamento, casi todo proveniente de Estados Unidos y "otras causas sociales".

Situar esas "otras causas sociales" en el último lugar de la enumeración revela una de las fallas, la principal quizá, de la estrategia por la seguridad pública. Esas otras causas, sintetizadas en "la falta de oportunidades educativas, laborales y de esparcimiento" son el caldo de cultivo de la narcoviolencia, y por ello deben ser tenidas como principal fuente de la actual situación, por lo que su combate debe ser prioritario. La multiplicación de las generaciones llamadas "nini", porque no tienen educación ni empleo, es la causa de las causas y por ello sólo pueden obtenerse victorias parciales en el combate a la delincuencia, porque se ataca con ello únicamente los síntomas de un mal, no su origen.

El diagrama trazado por Calderón de los enfrentamientos entre bandas, y su descripción puntual de los embates de unas contra otras es interesante como ejercicio criminológico pero revela una de las posiciones endebles en que se ha colocado el gobierno. La guerra principal, dice el documento presidencial, la que causa más muertes, es "la que libran los criminales entre sí". Lo dice entre complacido e indiferente.

Mientras se maten entre ellos, reza una conseja popular compartida casi explícitamente por el Gobierno, no hay problema.

No se considera en ese razonamiento que la impunidad que sigue a los asesinatos "intramafias" alimenta la violencia y la expande más allá de esos límites. Todo homicidio debe ser investigado y sus perpetradores llevados a juicio y castigados. Al no procederse así, se entusiasma con la impunidad a los jóvenes reclutas de las bandas: amén de riqueza pronta por eliminar enemigos, se les asegura que no pagarán precio alguno.

Había que actuar, asegura el Presidente. Nadie niega esa necesidad. Lo que se cuestiona es el modo, la improvisación.

El propio Calderón ha reconocido varias veces que el problema era mayor que el supuesto. Se ha comparado con el cirujano que interviene a un paciente y en el quirófano encuentra complicaciones ignoradas. Tal situación, en el hospital y en el país, obedece a un mal diagnóstico o, peor aún, a la falta de uno. En el quirófano puede llevar a la muerte al paciente víctima de la desaprensión de quien lo intervino.

En el país esa improvisación conduce a un recrudecimiento del mal, no a su extirpación. Asegura Calderón que "la estrategia avanza en la dirección necesaria y establecida desde el principio". Se trata seguramente de un problema de percepción, pero la gente se percata de lo contrario: no decrece el consumo ni disminuye la violencia adosada al narcotráfico y, por añadidura, debido a la centralidad que el combate a ese género de delincuencia organizada ocupa en la estrategia gubernamental, proliferan otros ilícitos, que dañan más de cerca, más directamente a la población como los robos y asaltos con violencia.

La estrategia de la actual administración en pos de la seguridad pública se integra con cinco componentes: Operativos conjuntos en apoyo a las autoridades locales y los ciudadanos, Escalar (sic, por aumentar) las capacidades operativas y tecnológicas de las fuerzas del Estado, Reforma al marco legal e institucional, Una política activa de prevención del delito y Fortalecer la cooperación internacional.

De los operativos conjuntos en apoyo a los ciudadanos muchos no quisieran saber. De ellos se ha derivado el alto porcentaje, uno de cada 10 muertos en la lucha por la seguridad, de personas ajenas a dicho combate que perecen.

Esas muertes son consideradas como un resultado inevitable, merecedor, cuando más y en algunos casos, de una tibia excusa gubernamental. Quizá tendrían algún sentido tales operaciones conjuntas si se obtuviera de cada parte el rendimiento para el cual han sido preparadas. Pero con más frecuencia de la deseable, los militares y marinos no apoyan a la Policía sino que hacen de policías ellos mismos, una actuación que requiere habilidades que su entrenamiento y sobre todo su concepción del uso de la fuerza no les han provisto.

Por eso los asesinatos de civiles inermes en retenes militares, por eso embates extraños como los de la Marina, que mata en vez de aprehender a un importante jefe mafioso o que confunde parafina con sustancias explosivas y falta a la verdad al decir que la DEA la auxilió en esa operación a la postre fallida mientras que esa agencia norteamericana niega haberlo hecho.

El documento dedica sólo seis líneas a la Procuraduría General de la República, no obstante la importancia funcional del Ministerio Público en la búsqueda de la seguridad pública. Una dependencia donde hubo que relevar al titular y que debió renovar sus cuadros porque varios de sus funcionarios de alto nivel, incluido el subprocurador especializado en delincuencia organizada, fueron sometidos a proceso requería una presencia mayor en este examen presidencial, que sin embargo lo concede con amplitud a la "nueva" Policía Federal y a su instrumento tecnológico, la Plataforma México, cuya utilidad no ha sido demostrada.

Al hablar someramente de la reforma al marco legal e institucional, el Ejecutivo se abstiene de la necesaria autocrítica. Está en curso la mudanza de los sistemas de enjuiciamiento penal, cuyas bondades describe su documento.

Ha avanzado ya en algunas entidades pero, al menos en un caso, con la desaprobación federal. El Secretario de Gobernación atribuyó el auge de la criminalidad en Chihuahua a ese nuevo modo de enjuiciar a los delincuentes, lo que le atrajo la justa refutación de los tribunales de todas las entidades.

Por si fuera poco, si bien en el fuero común han sido lentos los avances de la reforma, que tiene un amplio plazo, ocho años a partir de 2008 para consumarse, en el fuero federal no se ha movido un milímetro la estructura correspondiente. La deficiencia puede ser atribuida, en lo que concierne al ministerio público y al ámbito de la ejecución de penas, claramente al que se ufana de la reforma que no aplica, el propio presidente Calderón.

También se muestra satisfecho el Ejecutivo por su activa política de prevención del delito. Sin tino ni sensibilidad pone como ejemplo de esa política la estrategia "Todos somos Juárez.

Reconstruyamos la ciudad", que a más de cien días de su inicio mostró ya sus limitaciones y sus defectos. Por otro lado, contar con 300 centros para la prevención y tratamiento de adicciones es un reconocimiento involuntario de la insuficiente atención al primer eslabón de una cadena cuyo último tramo, el combate al lavado de dinero, no merece una línea en este documento con que Calderón buscó explicar lo que hace contra la violencia que nos envuelve y agobia.