Rosa Esther Beltrán
¿Será irremediable que el grueso de la población mexicana, la que lucha cada día para ganarse el pan, los casi 15 millones que trabajan en la economía informal, los millones que laboran por dos salarios mínimos, o los que tienen que trabajar más de 12 horas en el empleo formal en condiciones de continua precarización, los desempleados, los estudiantes, los profesores, las mujeres amas de casa, será inevitable –digo-, que acepten su incapacidad de organizarse en torno a una propuesta basada en el análisis objetivo de las condiciones de la empresa paraestatal Pemex y, en cambio, siga en espera
¿Será irremediable que el grueso de la población mexicana, la que lucha cada día para ganarse el pan, los casi 15 millones que trabajan en la economía informal, los millones que laboran por dos salarios mínimos, o los que tienen que trabajar más de 12 horas en el empleo formal en condiciones de continua precarización, los desempleados, los estudiantes, los profesores, las mujeres amas de casa, será inevitable –digo-, que acepten su incapacidad de organizarse en torno a una propuesta basada en el análisis objetivo de las condiciones de la empresa paraestatal Pemex y, en cambio, siga en espera de un mesías que muestre el camino mediante un plan que ilumine la ruta a seguir para impedir que los neoliberales consumen la entrega de la energía a los ávidos inversionistas extranjeros de lo que es propiedad de la Nación?

El grupo pripanista ha querido vendernos el argumento de que Pemex es un peso para la Nación por su atraso tecnológico e incapacidad de exploración y explotación de nuevas fuentes de hidrocarburos. La realidad es que el peso para la Patria es una clase política, en general cleptocrática, que en materia de impuestos exime a los grandes capitales, pero se ceba fiscalmente con el pueblo incrementando con ello la precariedad social.

Desde hace más de una década, algunos líderes políticos e intelectuales plantearon la necesidad urgente de que Pemex debía transparentarse y someterse a una reforma integral que implicaría mínimamente la democratización del sindicato, una limpia cabal e implacable de la corrupción, una inversión de sus recursos en investigación de fuentes energéticas alternas, limpias, seguras y de calidad, respetuosas de los pueblos que habitan el territorio y sus prácticas de subsistencia; asimismo, Pemex deberá conservar su autonomía respecto del Estado y la iniciativa privada, además de ser necesario que se ratificase como eje de capitalización a través de inversiones públicas.

Para quien quiere comprobarlo, Pemex es una empresa rentable, pero su alta corrupción y el deliberado desmantelamiento de que ha sido objeto son los argumentos que utiliza el discurso privatizador peñista que busca mantener la rectoría formal del petróleo para consumar legalmente su amasiato con el gran capital, extranjero y nacional, utilizando también la premisa paradójica de que Pemex no puede estar subsidiando el gasto público de la Federación, pasando por alto que por muchas décadas, con los ingresos de los hidrocarburos, fue posible financiar la educación, la seguridad social, la infraestructura pública y paliar en la medida de lo posible la pobreza y la desigualdad, a pesar de la corrupción de sus administraciones y su sindicato.

Es obvio que con la privatización energética, necesariamente vendrán las reducciones al gasto social y se avanzará inevitablemente en el desmantelamiento (bastante avanzado ya) de la educación superior y la básica.

¿Acaso hubo aumento en el bienestar socioeconómico de las mayorías, mejoría de los servicios públicos o  disminución de los costos de consumo para la población por la privatización de las innumerables empresas pertenecientes al Estado en el salinato? Como fue el caso de Telmex, Ferrocarriles Nacionales, Altos Hornos de México, las carreteras, los transportes e importantes sectores de la petroquímica.

En particular, la privatización de AHMSA generó un descomunal desempleo en la Región Centro y la Carbonífera, que no sale de su tradicional miseria. Por eso, si no surge pronto una reacción social coordinada y contundente a las contra-reformas peñistas, inevitablemente iremos perdiendo, de manera progresiva las pocas instituciones y medios que aún conservan algo para el beneficio social. 

Todo lo señalado apuntala la necesidad de articular la esperanza ciudadana y hacer valer la soberanía popular plasmada en el artículo 39 de la Constitución. Urge generar nuevas formas para ejercer la protesta y exigir el respeto a nuestros derechos humanos y sociales. 

Estamos en todo nuestro derecho de exigir la revocación de las reformas constitucionales a los artículos 25,27 y 28. Por ello, está hoy en nuestra ciudad el doctor Jaime Cárdenas Gracia, especialista en derecho constitucional, en temas electorales y exconsejero del IFE, quien impartirá la conferencia: Privatización, entreguismo e inconstitucionalidad, a las 17:00 horas en la Casa San José, de Hidalgo Sur 449, pasando Escobedo, Zona Centro. Ahí estaremos.