Arturo Rodríguez García
El pasado 4 de enero, la Fiscalía General del Estado (FGE), dio a conocer el nombramiento de Héctor Santos Saucedo, como director general de la Policía Investigadora, el único mando policiaco de importancia en Coahuila que, extrañamente, no es de origen castrense, conforme a la política de la administración estatal.
El pasado 4 de enero, la Fiscalía General del Estado (FGE), dio a conocer el nombramiento de Héctor Santos Saucedo, como director general de la Policía Investigadora, el único mando policiaco de importancia en Coahuila que, extrañamente, no es de origen castrense, conforme a la política de la administración estatal.

Santos Saucedo, fue director del área homóloga en Nuevo León, llamada Agencia Estatal de Investigación (AEI). Durante su presencia en el cargo nuevoleonés, fue objeto de múltiples cuestionamientos, entre los que destacan los realizados por la Coparmex, por 107 asesinatos registrados durante 2008, que jamás fueron resueltas.

También activistas de derechos humanos, como la religiosa Consuelo Morales Elizondo y la senadora Rosario Ibarra de Piedra, respectivamente, denunciaron que, a pesar de que familiares de desaparecidos habían aportado datos para su localización y la identidad de los responsables de las desapariciones -entre los que figuraban policías con todo y número de patrulla-, fueron objeto de amenazas e intimidaciones por parte de personal bajo el mando de Santos Saucedo.

Abogado de origen regiomontano, asumió la dirección de la AEI en septiembre de 2007, tras el asesinato de su antecesor en el cargo, Marcelo Garza y Garza, hermano de Alejandro, actual procurador de Nuevo León.

Fue precisamente Alejandro Garza, quien marcó la salida de Santos con sospechas de corrupción, ya que anunció que haría una limpia. Recién comenzó la nueva administración estatal, en octubre pasado, se dio de baja a 17 elementos de la AEI "por pérdida de confianza". Santos y sus colaboradores fueron los primeros en salir. Ahora despachan en la FGE.

Más allá de sospechas, la ineficacia de Santos Saucedo es notable. El año 2007 es uno de los más violentos en la historia de Nuevo León, debido a que la actividad de la delincuencia organizada cobró 107 vidas, decenas de desapariciones forzosas, al menos 3 secuestros, 56 robos bancarios y otros tantos a agencias automotrices, entre el resto de delitos de competencia local.

En la estadística oficial no hubo delitos contra la libertad individual, pese a las denuncias de cámaras y organismos empresariales sobre secuestros, secuestros exprés, extorsiones, levantones y robos. Tan sólo en mayo de ese año, desaparecieron casi 40 miembros del sindicato petrolero de Cadereyta, que jamás regresaron.

Ese escenario se sumó a la actividad delictiva común que, según las cifras oficiales, registró en total 784 homicidios; mil 646 delitos contra la seguridad sexual de los cuales 434 fueron violaciones; 6 mil 691 denuncias de lesiones provocadas de distinta naturaleza; 35 mil 472 robos en sus diferentes modalidades; 10 mil 762 casos de violencia intrafamiliar y 201 casos de corrupción de menores.

Al contrastar las estadísticas del 2007, integradas por la procruaduría de justicia y por el poder judicial de Nuevo León, se desprende que 96.3 por ciento de los ilícitos que conocieron fiscales y juzgadores se perdieron entre el momento de la denuncia y el proceso penal, por lo que sólo 3.7 por ciento concluyeron en sentencia, con todo y absolutorias.

De acuerdo a la respuesta que dio la procuraduría de esa entidad a una solicitud de acceso a la información, durante el 2007 sus agencias receptoras del ministerio público atendieron 55 mil 456 denuncias, por los diferentes delitos contemplados en el código penal de la entidad.

Sin embargo, el ministerio público apenas pudo consignar alrededor de un 5 por ciento, ya que según el "Inventario Estadístico" del poder judicial, en 2007 se dieron de alta 5 mil 904 expedientes penales. Es decir, la AEI, instancia investigadora a cargo de Santos, no funcionó.

Sin embargo, ya en los juzgados penales, 3 mil 557 casos fueron dados de baja por diversos motivos. La tercera parte de éstos, que dejaron a las víctimas sin acceso a la justicia, fueron producto del mal desempeño de la AEI, por sus deficientes investigaciones. El resultado: 1004 procesos suspendidos por amparos.

La cifra de 2 mil 553 expedientes que causaron baja por otros motivos diferentes al amparo, también pone de relieve el trabajo de la AEI:

Los jueces tuvieron que dictar 175 autos de libertad; 904 casos fueron sobreseídos; en 161 casos los jueces se declararon incompetentes y turnaron los expedientes a la justicia federal o a juzgados civiles; 81 expedientes se acumularon con otros; 4 jueces se recusaron y 407 delitos cometidos prescribieron, sin que el culpable recibiera sentencia.

Dos declaraciones de Santos Saucedo se distinguen. La primera, dada el último día en funciones como titular de la AEI:

"Dejo una corporación sólida, estable, con situaciones de corrupción y de infiltración, eso sí lo acepto, infiltración de la delincuencia organizada. Desgraciadamente hay temas y casos en que no puedes probar ni puedes asegurarle a la gente que delinquió".

Con los resultados arriba descritos, esa "desgracia" ocurrió en toda su actuación al frente de la dependencia.

La otra declaración, fue dada a Milenio Monterrey, el pasado 4 de enero, al anunciarse su designación en el mismo cargo, pero ahora en Coahuila, cuando dijo sentirse "muy honrado con esta nueva distinción" y que "indiscutiblemente fue por la labor que junto con sus colaboradores realizaron".
De ahí la duda:

¿Por qué contratar a Santos?