David Guillén Patiño
Cierto, a estas alturas sería absurdo frenar el combate al crimen organizado. Pero ese no es el punto, sino que se haya seguido una estrategia defectuosa. Saltan a la vista los costosos yerros de la armada y de los cuerpos policíacos, de ahí la persistente actividad delictiva.

Diversas voces, muchas de ellas calificadas, coinciden en que una mejor labor de inteligencia y, por consiguiente, una mayor capitalización de la fuerza del Estado, habrían permitido evitar la muerte de una buena parte de las víctimas del fuego cruzado.
Cierto, a estas alturas sería absurdo frenar el combate al crimen organizado. Pero ese no es el punto, sino que se haya seguido una estrategia defectuosa. Saltan a la vista los costosos yerros de la armada y de los cuerpos policíacos, de ahí la persistente actividad delictiva.

Diversas voces, muchas de ellas calificadas, coinciden en que una mejor labor de inteligencia y, por consiguiente, una mayor capitalización de la fuerza del Estado, habrían permitido evitar la muerte de una buena parte de las víctimas del fuego cruzado.

Por eso es inadmisible la supuesta compasión mostrada por la canciller Patricia Espinosa cuando se refiere a los ciudadanos caídos en esta eterna y desgastante guerra, contra la cual el presidente Felipe Calderón convoca, tardíamente, a integrar un frente común.

En lo que va del sexenio, los choques han arrojado como saldo 22 mil muertos, incluidos 41 periodistas y 5 mil 500 ejecutados, así que no deja de preocupar que, al seguir la misma política, en el frente al que se llama habrá aún un excesivo derramamiento de sangre.

Los 46 mil soldados desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional han resultado insuficientes, tanto para salvaguardar la integridad física de la población, como para someter en un plazo razonable al desafiante monstruo de mil cabezas.

Pareciera que en algunos casos la ofensiva militar sólo sirve de acicate a los grupos criminales, pues no cesan de exhibir su enorme poderío, gracias al cual pueden seguir dominando sus respectivas plazas.

Prueba de ello es precisamente el reciente asesinato de quien fuera candidato del PRI a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú. Provoca escalofrío el alto grado de eficiencia con que operaron los sicarios que le quitaron la vida.

Si eso le pasó a un miembro de la influyente clase política, no es difícil imaginar lo que le puede suceder al ciudadano de a pie en este ambiente de crisis social, que antes era económica, causante en buena parte de nuestra angustiante realidad actual.

Con el homicidio del postulante priísta, son dos los hechos violentos que marcan a esa entidad y al país. El 6 de febrero de 2006 el edificio y el personal del diario El Mañana de Nuevo Laredo, sufrieron un atentado con metralletas AK-47 y granadas de fragmentación.

Ello fue motivo para que el entonces procurador general de la república, Daniel Cabeza de Vaca Hernández, creara la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), organismo que todavía hoy duerme el sueño de los justos.

Según la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU, a cargo de Antonio Mazzitelli, los esfuerzos del país para abatir la delincuencia se enfocan a atender la salud y procurar la seguridad de los mexicanos, en especial la de los jóvenes. Así mismo, contribuyen a proteger la salud de otras naciones y la vigencia del estado de derecho y la democracia.

Su Informe Mundial sobre las Drogas 2010 destaca que el país "ha entendido" (sic) que el asunto de las drogas es una amenaza multidimensional, trasnacional e ineludible.

Asienta que el narcotráfico se alimenta con las ganancias que genera ese negocio ilícito, así como con las poderosas armas que adquieren en el exterior, principalmente de Estados Unidos, y que se introducen de manera ilegal a México.

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