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El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Silvestre Reyes, confió hoy en que existe suficiente apoyo en el Congreso de su país para aprobar un plan de ayuda antidrogas a México.
Washington.- 'Nos urge que pase este año' (el plan), señaló Reyes en el marco de la reunión anual del Instituto Congresional Hispano (CHCI).

'Tenemos suficiente apoyo para que pase este plan que es tan importante para la estrategia de mayor protección en ambos lados de la frontera', dijo el legislador, quien es coautor, junto con el demócrata por Texas Henry Cuellar, de un paquete de ayuda a México.

El diario The Dallas Morning News reportó este martes que el paquete antidrogas ascendería a mil 400 millones de dólares, e indicó que los fondos pudieron haber sido ya incluidos en el presupuesto de gastos de Defensa o que lo serán en la petición adicional de 190 mil millones para Irak.

Cuellar dijo en entrevista por separado que el plan de ayuda reflejará la importancia de México por Estados Unidos, tanto por la frontera común, el comercio bilateral y la actividad económica en el suroeste.

'Esperamos muy pronto un arreglo de Estados Unidos para pelear el problema de las drogas (pero también) cómo ayudar a México a levantar su economía, porque si su economía se levanta, más personas se quedan a trabajar allá', añadió.

Aunque declinó hablar de cifras, Cuellar señaló que 'va a ser algo muy grande'. En ese sentido, hizo notar que Israel recibirá 30 mil millones de dólares en 10 años, Colombia más de 500 millones y Perú unos 143 millones de dólares.

'México, que es muy importante, sólo recibe 69 millones de dólares', lamentó el legislador.

Sobre la aprobación del paquete este año, Cuellar anotó que todo dependerá en cómo se presente al Congreso. 'Si no lo hacemos este año se va a hacer el año que viene porque va a ser un arreglo donde vamos a ayudar a México por años', indicó.

En enero pasado, Reyes y Cuellar presentaron una iniciativa de ley que autorizaría 170 millones de dólares anuales a México durante cinco años para reforzar sus fuerzas policiales y el Poder Judicial, pero no ha sido calendarizada para su debate.