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Con su actitud los legisladores mantienen en la oscuridad a nuestros agentes. En 2011, 177 oficiales estadunidenses murieron en servicio, dice
Washington.- El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, recriminó hoy al Congreso su oposición a permitir un mayor control de la compra múltiple de armas, muchas de las cuales acaban en México, al comparecer una vez más ante el Legislativo por la controvertida operación Fast and furious (Rápido y furioso).

"Desafortunadamente en 2011 la mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes, incluidos los de la mayoría (republicana) de este comité, votaron en favor de mantener a los agentes de la ley a oscuras cuando individuos compran múltiples rifles semiautomáticos, escopetas y armas como AK-47 en en cuatro de los estados de la frontera suroeste", dijo Holder.

Advirtió que el número de "incidentes de violencia" contra agentes de la ley se está acercando a "niveles no vistos en casi dos décadas", pese a que la tasa de crímenes violentos está decreciendo. Según reveló, tan sólo el año pasado un total de 177 agentes federales, estatales y locales murieron en servicio, lo que representa un incremento de 16 por ciento respecto de 2010.

Agregó otra cifra: más de 70 de los fallecidos fueron victimados con armas de fuego, 20 por ciento más que el año anterior, y en lo que va de 2012 ya han perdido la vida 14 oficiales, la mitad de ellos a balazos, dijo.

El fiscal general compareció hoy ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, cuyo presidente, el republicano Darrell Issa, encabeza desde el año pasado una investigación sobre Rápido y furioso.

Justo antes de la audiencia, Issa publicó un informe sobre las investigaciones realizadas hasta la fecha, en el que se afirma que, pese a las aseveraciones en sentido contrario del Departamento de Justicia, éste "tenía un conocimiento mucho mayor e involucración en el operativo de lo que ha admitido hasta ahora".

Es la sexta vez que Holder testifica en el Congreso con motivo de esta controvertida operación que en 2009 permitió que traficantes ingresaran unas 2 mil armas de alto calibre a México desde Arizona, con el objetivo de tratar de localizarlas en escenas de crímenes y así rastrear a los cárteles, aunque finalmente se perdió el control del armamento.

El hecho de que se hallaran algunas de estas armas en el lugar donde fue asesinado un agente fronterizo estadunidense, Brian Terry, en diciembre de ese año, desató el escándalo y provocó una investigación en el Congreso.

Liderada por Issa y por el senador -también republicano- Charles Grassley, la investigación ya ha provocado cambios en la cúpula de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).

En audiencias como las de este jueves se trata de continuar averiguando si hubo responsabilidades de mayor nivel en el gobierno de Barack Obama.

El año pasado se conoció, en el contexto de esta indagatoria legislativa, que la ATF realizó al menos otra operación similar a Rápido y furioso denominada Wide receiver (Receptor abierto), que entre 2006 y 2007 también perdió la pista del armamento que fue usado en algunos casos por los cárteles para cometer asesinatos, según se comprobó después.

Al comenzar la audiencia, el congresista Issa recriminó al jefe del Departamento de Justicia que el organismo que dirige haya sido "poco cooperador" con la investigación. En este sentido, dijo, la oficina de Holder les ha proporcionado menos de 8 por ciento de los 80 mil documentos que han sido vinculados a Rápido y furioso y les ha impedido acceso a "numerosos" testigos que participaron en la operación.

Holder replicó afirmando la "amplia cooperación" de su departamento y apuntó a los numerosos cambios realizados para impedir que vuelva a producirse un operativo tan "totalmente inaceptable", y aludió a cuestiones legales para no revelar todos los documentos que le reclaman los investigadores.

No es la primera vez que Holder aprovecha su testimonio ante el Congreso por Rápido y furioso para recriminar a los legisladores su negativa a imponer más controles sobre armas de alto calibre, como ya ha pedido insistentemente México en voz del presidente Felipe Calderón.

A finales de 2011, Holder advirtió que Estados Unidos está "perdiendo la batalla para detener el flujo de armas ilegales a México". Su asistente, Lanny Breuer, también reveló ante el Congreso que de las 94 mil armas recuperadas en México en los últimos cinco años en el marco del combate a las organizaciones criminales, 64 mil eran de procedencia estadunidense.