LA JORNADA
México, D.F. .- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, explicó los puntos que fundamentan su preocupación por la introducción de juicios orales como parte de la reforma constitucional que en materia de justicia aprobó la Cámara de Diputados: "la aplicación progresiva de éstos demandará multiplicar cinco veces las capacidades respecto de las actuales. Si un juez atiende un promedio anual de 500 expedientes, con la modificación sólo podrá dar seguimiento a una quinta parte".
Abundó: "eso significará que en 8 años deberán multiplicarse por cinco los presupuestos actuales de los poderes judiciales federal y estatales para contar con el personal suficiente y dar así cumplimiento a la nueva disposición".

Soberanes Fernández aseveró que su preocupación obedece a las complejidades y problemas que la modalidad de juicios orales "puede agregar a la causa del respeto a los derechos humanos de quienes intervienen en un proceso penal, ya que también se corre el riesgo de pervertir el verdadero fin de éstos para no juzgar a nadie y sí, en cambio, convertir la justicia penal en espacio en el que se negocien las sentencias en lo oscurito, beneficiando a ricos y poderosos y perjudicando a pobres e ignorantes".

Sostuvo que la impunidad, la corrupción y la ineficacia en varios órdenes del sistema de justicia exigen una reforma integral, a fondo, que analice y resuelva asuntos tan serios y difíciles como la independencia del Ministerio Público respecto del Poder Ejecutivo. Además, dijo, debe analizarse la conmutación de penas privativas por las de trabajo comunitario. De igual forma, la falta de control de las policías y los programas para erradicar los lastres del sistema de reclusión, añadió.

Soberanes Fernández destacó que, como participantes en un tema tan trascendental, ni la CNDH ni su titular se han opuesto a que se establezca la oralidad procesal en el país, cuya aplicación está prevista en el derecho mexicano desde antes de la reforma. Sí, dijo, "señalamos las enormes implicaciones que trae aparejadas la correcta instrumentación de juicios mencionados".

En ese sentido, apuntó que debido a la necesidad de contar con un sistema de justicia penal eficiente y confiable tendría graves consecuencias aplazar sine die cambios propios de una reforma integral, en cuyo análisis y discusión debe participar la sociedad mexicana en su conjunto.

El ombudsman nacional declaró que la vacatio legis -ocho años-, que supera el periodo de mandato de todos los promotores de la modificación, produce incertidumbre acerca de la necesaria continuidad institucional que se requiere para implantar un sistema de naturaleza tan compleja.

Indicó que si el testimonio de quien presencia un delito tendrá efecto procesal más inmediato y será de mayor peso relativo en el juicio oral, es indispensable introducir normas específicas contra la posible participación interesada de falsos testigos de cargo y descargo, especialmente para sancionar las conductas indebidas de agentes policiacos y de otros servidores públicos que por temor o mediante paga o soborno de cualquier naturaleza obstaculicen el esclarecimiento y la determinación de la verdad histórica.

Señaló que "por todos los medios debe procurarse que no surja, como es característico en los sistemas predominantemente orales, un mercado de oferta y demanda para quienes se presten a hacer o retirar imputaciones contra un acusado".

El titular de la CNDH apuntó que es necesario llevar a cabo cambios legislativos, de organización y de funcionamiento institucional para resolver los retos que plantea la realidad social.

Sólo tres de cada 100 infractores, continuó, son sancionados; sin embargo, en las cárceles 70 por ciento de internos que han incurrido en ilícitos patrimoniales purgan condenas por robos inferiores a 7 mil pesos. La incidencia delictiva continúa en ascenso, aunque las penas privativas de la libertad han seguido elevándose y algunas llegan ya a 70 años.