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México.- El ombudsman capitalino, Emilio Alvarez-Icaza, consideró como una "buena señal" para enfrentar a las redes de pederastas el proyecto de dictamen presentado por la Comisión Investigadora de la SCJN sobre el caso de la periodista Lydia Cacho.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se pronunció contra la impunidad y en favor de garantizar los derechos a todos.

El caso de Lydia Cacho, dijo, es paradigmático porque ella es una de las pocas personas que han levantado la voz contra la explotación sexual infantil y la violación a los derechos de los niños, y en lugar de reconocerla por ese hecho, algunas autoridades la reprimieron y violaron sus garantías individuales.

Sobre si la resolución final debería ser contra el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y otros involucrados, Alvarez-Icaza se manifestó en favor de que la SCJN garantice los derechos de todos los habitantes del país y contra la impunidad, tengan o no cargo público.

Tras participar en la inauguración del foro "Los niños y las niñas tenemos derecho a vivir sin violencia", en el Albergue Temporal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), criticó los escasos resultados obtenidos tras 18 años de adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Aunque se desconocen cifras precisas al respecto, reconoció, se calculan en casi 60 mil las víctimas de la explotación sexual infantil, y se registran gran cantidad de maltratos físicos y emocionales, abandonos, omisión en cuidados, abusos sexuales, explotaciones laborales y negligencias en agravio de los menores.

Alvarez-Icaza señaló que unos 300 mil niños y niñas menores de un año que viven del Distrito Federal carecen de registro, nombre e identidad, lo cual les impide el reconocimiento jurídico y el acceso a derechos, como la vacunación.

A su vez, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leonel Cota Montaño, externó su beneplácito por la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso.

En conferencia, consideró como un paso adelante que la SCJN exprese que hay complicidad del gobernador de Puebla con el empresario de origen libanés Kamel Nacif para vengarse de la periodista.

También expresó su solidaridad con Cacho por su valor y decisión de llevar hasta las últimas consecuencias sus investigaciones a pesar de las presiones de las que ha sido objeto.

"Expresamos a Lydia Cacho la solidaridad amplia por su valor, por su decisión de llevar hasta las últimas consecuencias lo que en este país había sido una práctica común, donde desde los gobiernos se castiga a los que opinan distinto, a los que opinan diferente", dijo.

El proyecto de dictamen de la Comisión Investigadora de la SCJN reconoció un "concierto de autoridades", entre ellas el gobernador, funcionarios judiciales y ministeriales de Puebla y de Quintana Roo, para detener y trasladar ilegalmente a la periodista de un lugar a otro de la República.