Climate Justice Action, plataforma que agrupa a más de medio centenar de organizaciones que estarán en Copenhague para presionar a los participantes en el COP 15 a firmar un tratado vinculante para frenar el calentamiento global, ha avisado de acciones de protesta de diverso tipo durante la cumbre.
Copenhague, Dinamarca.- Copenhague se blinda con un dispositivo de seguridad sin precedentes para acoger a partir del 7 de diciembre la Conferencia de la ONU sobre cambio climático (COP 15) que reunirá a líderes internacionales y numerosas Organizaciones No Gubernamentales.

El Gobierno liberal-conservador del primer ministro Lars Lokke Rasmussen aprobó recientemente un presupuesto de 622 millones de coronas danesas (84 millones de euros) dedicado exclusivamente a medidas de seguridad relacionadas con la cumbre, que se celebrará hasta el 18 de diciembre.

Climate Justice Action, plataforma que agrupa a más de medio centenar de organizaciones que estarán en Copenhague para presionar a los participantes en el COP 15 a firmar un tratado vinculante para frenar el calentamiento global, ha avisado de acciones de protesta de diverso tipo durante la cumbre.

La principal movilización será una manifestación el 12 de diciembre, que coincidirá con otras en diversas partes del mundo, aunque cuatro días más tarde está fijada una concentración en los exteriores del Bella Center, el palacio de congresos que acogerá la cumbre.

El dispositivo de seguridad danés incluye la implantación temporal de nuevas competencias para la Policía, como la posibilidad de realizar detenciones preventivas de 12 horas ante el riesgo de incidentes.

Dificultar el trabajo de los agentes policiales estará penado hasta con 40 días de prisión, cuando antes sólo ocasionaba una multa, y las sanciones económicas por negarse a seguir las instrucciones de la Policía se duplicarán.

La Policía controlará la frontera con Alemania para impedir la llegada de activistas sospechosos, y contará con la ayuda de agentes alemanes y suecos y con 1.100 personas del servicio de protección civil, cuyo trabajo concreto no ha sido aclarado por las autoridades.

Las medidas impulsadas para frenar a los "maleantes", como definió a los activistas radicales el ministro de Justicia, Brian Mikkelsen, han desatado las críticas de juristas por su dudosa legalidad, además de plantear un hipotético problema de espacio en las cárceles, aunque la Policía dice haber habilitado un lugar con capacidad para acoger a hasta medio millar de personas.

Mientras, más de 350 operarios ultiman los trabajos para acondicionar el Bella Center, que durante doce días recibirá a entre 12.000 y 15.000 delegados de 192 países y acogerá unas 2.500 reuniones, según la organización.

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) procedentes de este edificio durante el COP 15 serán compensadas con un proyecto climático en Bangladesh, por lo que será "neutral" en emisiones.

Y la organización pondrá a disposición de los participantes un servicio de autobuses ecológicos conectados con el centro de la ciudad y con el aeropuerto.

Junto al COP 15, el Gobierno y las autoridades municipales de Copenhague han impulsado en colaboración con otras instituciones varias iniciativas paralelas relacionadas con el cambio climático.

Entre ellas una cumbre mundial para alcaldes, una cumbre con niños de 42 países y un foro alternativo en el que participarán ONG, grupos indígenas, activistas y otros representantes de la sociedad civil.

El programa de actividades culturales relacionadas con la cumbre y el cambio climático abarca desde muestras en museos y en la calle a un servicio ecuménico en la catedral, conciertos, desfiles de moda y eventos deportivos ecológicos o conferencias, que convertirán a Copenhague en una especie de capital mundial del clima.

Alojar a los como mínimo 10.000 activistas de todo el mundo que se esperan en Copenhague es un problema todavía no resuelto.

El ayuntamiento habilitará entre 1.500 y 1.800 plazas en escuelas, instituciones y pabellones, mientras que unos 2.500 particulares han ofrecido alojamiento gratuito en sus casas, en una iniciativa vinculada a un festival de arte y un experimento social.

Las dificultades de alojamiento han disparado también la picaresca, con alquileres de hasta 336 euros por día y persona en viviendas privadas, inalcanzables para activistas llegados de países en desarrollo o del Tercer Mundo.

Varias organizaciones han impulsado también una decena de comedores populares por la ciudad, que ofrecerán comida a bajo precio o gratis para los activistas con escasos recursos.