La alerta de género permitirá conjuntar acciones de todos los niveles de gobierno, emitir una declaratoria para emprender acciones que prevengan y castiguen los ilícitos y garanticen los derechos humanos de las afectadas en una comunidad, región o territorio de Chihuahua. Foto La Jornada
Miroslava Breach/La Jornada
Chihuahua, Chihuahua.- El Congreso local incluyó la alerta de género en la Ley estatal del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El nuevo instrumento obliga a las autoridades de los tres niveles de gobierno a aplicar medidas emergentes en lugares donde se detecten hechos que pongan en riesgo la integridad física de las féminas.
La ley faculta a la Secretaría de Seguridad Pública estatal a crear y organizar un banco de datos e información sobre la violencia contra mujeres, así como a elaborar un diagnóstico y estudios complementarios con perspectiva de género sobre todas las formas de violencia por niveles de edad y en todos los ámbitos. Esta información deberá publicarse cada seis meses.

Por unanimidad, los diputados locales aprobaron la enmienda que permitirá atender casos concretos de agresiones a las mujeres, como las ocurridas en Ciudad Juárez, donde decenas han perdido la vida a manos de grupos de pistoleros desde que se inició el Operativo Conjunto Chihuahua, hace casi dos años.

La alerta de género permitirá conjuntar acciones de todos los niveles de gobierno, emitir una declaratoria para emprender acciones que prevengan y castiguen los ilícitos y garanticen los derechos humanos de las afectadas en una comunidad, región o territorio de Chihuahua.

La nueva figura jurídica incorpora al texto de la ley la noción de violencia feminicida, definida como la forma extrema de agresión contra las mujeres, la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y culminar en muerte violenta.

La panista Rosa María Baray, presidenta de la Comisión de Género y Familia del Congreso local, indicó que al reforma busca prevenir los feminicidios asociados al crimen organizado, que utiliza las ejecuciones de mujeres como una forma de venganza.

Uno de esos casos ocurrió recientemente en la capital del estado, donde cuatro mujeres fueron levantadas y ejecutadas, aparentemente porque una era hermana de un delincuente identificado con el cártel de Juárez.

Al día siguiente presuntos integrantes del cártel de Sinaloa colocaron mantas y pintaron grafitis en Ciudad Juárez y en Chihuahua capital, con amenazas contra familiares de los agresores.

Política social contra la violencia, pide el rector de la UACJ

Alumnos, maestros y trabajadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) comenzaron una serie de protestas para exigir que se detenga y castigue a los homicidas de tres profesores y un estudiante, que se aclare la desaparición de dos alumnas y que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, encabece personalmente las indagatorias.

Las manifestaciones, presididas por el rector Jorge Quintana Silveyra y los directores de diferentes institutos de la UACJ, consistirán en suspender actividades cada dos horas (de las ocho de la mañana a las ocho de la noche) y protestas en los patios.

Durante un minuto harán ruido con silbatos, cornetas, bocinas de autos y otros objetos para exigir a las autoridades que atiendan el reclamo.

"(La protesta) será permanente, ante la ola de violencia que afecta a esta frontera y por la falta de resultados de las autoridades", informó Quintana Silveyra.

La comunidad universitaria exige que se aclaren los homicidios de los maestros Gerardo González Guerrero, Manuel Arroyo Galván y Alfonso Martínez Guzmán, así como del alumno Alejandro Irigoyen, y la desaparición de las estudiantes Lidia Ramos Mancha y Mónica Janeth Alanis Esparza. Todos los casos ocurrieron este año.

Luego de dar inicio a las manifestaciones, el rector de la UACJN señaló que la institución educativa ha solicitado la intervención de la PGR.

Expuso que desde que se puso en marcha el Operativo Conjunto Chihuahua, en marzo de 2008, la UACJN planteó que el gabinete social del gobierno federal emprendiera programas para la reconstrucción del tejido social de Ciudad Juárez.

"No es con policías y soldados como vamos a resolver el problema de la violencia, sino con proyectos sociales, con ayuda del gabinete social, cuya presencia hemos exigido desde hace más de un año, sin respuesta. Necesitamos urgentemente recuperar la organización social. Mientras estemos combatiendo la violencia, únicamente estaremos generando más violencia", aseveró.

Quintana Silveyra consideró que las demandas de la UACJ no han obtenido respuesta favorable y por ello la comunidad universitaria ha emprendido una "protesta permanente y enérgica, pero respetando los derechos de terceros".