México, D.F. .- El Gobierno de México anunció hoy que reforzará su "lucha frontal" contra el crimen organizado tras el asesinato de un alto mando de la policía federal mexicana, el tercero de un miembro de ese cuerpo en la capital en la última semana.
"(Edgar Eusebio) Millán Gómez desempeñaba una labor estratégica en los operativos conjuntos que se realizan en el país", detalló la Oficina de la Presidencia en un mensaje de condolencias tras la muerte del "funcionario ejemplar".

Los hechos sucedieron cerca del domicilio del comandante de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en el centro de Ciudad de México, donde fueron localizadas dos armas de fuego y varios casquillos después de que el mando y sus tres escoltas fueron emboscados.

Millán Gómez, quien se desempeñaba como coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), de 42 años, recibió nueve impactos de bala en el tórax y en una mano que le causaron la muerte en un hospital capitalino.

La Presidencia de la República condenó el "cobarde asesinato" del también ex investigador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), al que ensalzó como una persona "comprometida con la seguridad de las familias mexicanas".

Abogado de formación, especialista en observación policial para misiones de paz de Naciones Unidas, la víctima combatió "con determinación" el crimen y la impunidad e infligió "graves daños" a la estructura operativa y financiera del crimen organizado en México.

Las autoridades también destacaron su labor en la resolución de secuestros, entre los que destaca el del entrenador de fútbol argentino Rubén Omar Romano, que se prolongó 65 días entre julio y septiembre de 2005.

Poco después del asesinato de Millán fue detenido como "presunto agresor" Alejandro Ramírez Báez, quien tiene antecedentes penales y actualmente presta declaración, según el último boletín de la SSP.

Con la muerte de este mando de la policía federal suman ya nueve los agentes de esa dependencia asesinados desde fines de abril, entre ellos dos inspectores.

El pasado 1 de mayo fue acribillado el director de crimen organizado de la Dirección General de Análisis Táctico de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Roberto Velasco Bravo, quien había sido capacitado por la Policía Nacional de España y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés).

También murió dos días más tarde por heridas de arma de fuego el inspector José Aristeo Gómez, de 33 años, director de área del Estado Mayor de la PFP.

A estos crímenes hay que añadir otros perpetrados contra responsables de seguridad en estados como Michoacán, Baja California, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora o Chihuahua, donde desde diciembre de 2006 se ha reforzado la seguridad con personal militar y de la policía federal.

Con excepción de Michoacán, que se encuentra en el occidente mexicano, el resto están ubicados en la franja norte del país, en la frontera con Estados Unidos, principal destino de la droga de los cárteles mexicanos y punto de origen del tráfico de armas a México.

El pasado 4 de mayo fue asesinado a tiros en Culiacán, la capital de Sinaloa, el coordinador de investigaciones de la policía ministerial del estado, Miguel Angel Santacruz Armendáriz.

Un día después en la localidad de Mazatlán, también en Sinaloa, sicarios acribillaron desde una motocicleta al comandante de la policía del estado Manuel Peña López.

También el 5 de mayo en Ciudad Juárez, localidad de Chihuahua, recibió varios disparos de fusil AK-47 que le costaron la vida la comandante Berenice García, de la Unidad Especializada en Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual de fiscalía del estado.

El crimen se produjo a las puertas de su casa, donde fueron encontrados 32 casquillos percutidos.

Según los expertos, en algunos casos la violencia contra los policías está relacionada con supuestos actos de corrupción de los agentes, que en ocasiones ofrecen incluso protección a los carteles de drogas.

Datos extraoficiales publicados hoy por el diario El Universal señalan que en lo que va de año se han registrado 1.153 víctimas relacionadas con acciones del narcotráfico o el crimen organizado.

El año pasado sumaron casi 2.700 las muertes y en 2006 la cifra rondó las 2.200 víctimas.