Carlos Avilés y María de la Luz González / El Universal
México.- El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, advirtió que la reforma penal que propuso el presidente Felipe Calderón en marzo pasado, contiene diversos puntos que representan "un grave peligro" para las garantías y libertades de la población.
Durante su participación en el foro denominado Seguridad en Democracia, organizado por un grupo de ciudadanos, García Ramírez destacó que la propuesta del Ejecutivo -cuyo análisis se prevé en este periodo ordinario de sesiones del Congreso que acaba de comenzar- plantea crear un doble sistema penal: uno ordinario y otro especial para quienes sean considerados los enemigos del Estado.

En el acto, al que también asistió el licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente y Director General de EL UNIVERSAL, y que fue inaugurado por la periodista Rossana Fuentes-Berain, García Ramírez explicó que esta medida, que en apariencia tiene el fin noble de combatir al crimen organizado, "es una puerta peligrosa hacia la guantanamización" y puede orillar al país hacia situaciones antidemocráticas.

El presidente de la CIDH reconoció que se tienen que emprender reformas para enfrentar los problemas de inseguridad, pero, dijo, "no se puede gobernar un país con el Código Penal en la mano" ni se debe aprobar con extremada celeridad una reforma que pasa por encima de los derechos humanos.

También consideró riesgoso que se dote de mayores facultades a la policía para que actúe y realice investigaciones prácticamente de manera autónoma y sin que nadie se lo solicite.

Con los problemas que enfrenta actualmente la policía, dotarla de este tipo de facultades, indicó, "sería tanto como poner un bisturí o medicamentos en manos de quienes no saben usarlos".


Proponen `blindaje' a derechos fundamentales

Al participar en la primera mesa de análisis del foro Seguridad en Democracia, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío consideró necesario generar un blindaje legal que evite que, con el endurecimiento de las medidas para combatir a la delincuencia, las autoridades incurran en violaciones de derechos fundamentales.

En la actualidad, señaló, se ha perdido de vista que el problema de la seguridad pública debe ser tratado de manera global, y no sólo pensando en que se necesita avanzar en el combate a la delincuencia.

De manera paralela a este combate, advirtió, debe buscarse la manera de ampliar los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales de la población. La vía adecuada para hacerlo, explicó, es mediante la creación de una nueva Ley de Amparo.

No se trata, aclaró, de ver cómo ganamos mayores condiciones de seguridad, sino cómo nos blindamos ante una posible reacción del Estado.

Porque, añadió, puede darse el caso que como resultado del endurecimiento de las medidas para combatir al crimen, la delincuencia se mantenga y los derechos humanos se vean afectados.

En esta mesa de análisis, el ministro Fernando Franco pidió que se revise la propuesta que presentó el Poder Judicial para que se reglamente o se elimine la facultad de investigación con que cuenta la Suprema Corte de Justicia para investigar violaciones graves a las garantías individuales.

Y la ministra Margarita Luna pidió aprovechar las coincidencias que arrojaron las consultas ciudadanas que realizaron los poderes Judicial y Legislativo, para concretar reformas en materia de seguridad y de justicia.