Venezuela.- Califica la Conferencia Episcopal Venezolana de "moralmente inaceptable" el proyecto de reforma constitucional, debido a su carácter "excluyente" y restrictivo de las "libertades"
La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) calificó hoy de "moralmente inaceptable" el proyecto de reforma constitucional impulsado por el presidente del país, Hugo Chávez, debido a su carácter "excluyente" y restrictivo de las "libertades".

En un documento elaborado esta semana por el Episcopado y leído en rueda de prensa por obispo Diego Padrón, la CEV expresó además que la "radicalidad y profundidad de los cambios introducidos en la estructura del Estado" por el proyecto "va más allá de una reforma".

"Esta propuesta de reforma, más que enfrentar y superar la problemática vivida en el país, profundizaría la polarización entre los venezolanos, dificultaría la convivencia social, con el peligro de generar nuevos odios y conflictos que queremos evitar", señaló.

Los obispos exhortaron a los venezolanos a "conocer bien" el contenido de la reforma y a participar en los debates y discusiones sobre el proyecto porque, aseguró, es de importancia capital para el futuro de este país.

"La proposición de un Estado socialista es contraria a principios fundamentales de la actual Constitución y a una recta concepción de la persona y del Estado", indicaron los obispos en el documento.

El proyecto de reforma "excluye a sectores políticos y sociales del país que no estén de acuerdo con el Estado socialista, restringe las libertades y representa un retroceso en la progresividad de los Derechos Humanos", señaló el Episcopado.

"Por cuanto el proyecto de reforma vulnera los derechos fundamentales del sistema democrático y de las personas, poniendo en peligro la libertad y la convivencia social, la consideramos moralmente inaceptable a la luz de la doctrina social de la Iglesia", agregó el documento episcopal.

Chávez presentó el pasado 15 de agosto ante la oficialista Asamblea Nacional (AN) un proyecto de reforma de 33 de los 350 artículos de la Constitución de 1999, al cual una comisión especial parlamentaria agregó otros 25 artículos la semana pasada.

Entre las propuestas más polémicas presentadas por Chávez están la reelección presidencial indefinida, varios tipos de propiedad además de la privada, la eliminación de la autonomía del Banco Central, y la creación de territorios federales por decreto.

La eliminación de los derechos a la información y al debido proceso durante los estados de excepción, y bajar la edad para votar de 18 a 16 años, son algunas de las 25 modificaciones añadidas por la llamada comisión mixta parlamentaria, integrada por la directiva de la AN y los jefes de las comisiones permanentes del Legislativo.

Los obispos consideraron que la reforma "acentúa la concentración de poder en manos del presidente" del país, y "se favorece el autoritarismo", con lo que "se limita la libertad de los venezolanos y la descentralización".

También "restringe derechos consagrados en la actual Carta Magna, lo que atenta contra el principio de progresividad de los Derechos Humanos", mediante el establecimiento de un nuevo "Poder Popular que no nace del sufragio ni de elecciones y cuya promoción, organización y registro es competencia del Poder Nacional".

En julio pasado, el Episcopado expresó sus "dudas" sobre el cariz democrático de la reforma constitucional impulsada por Chávez e insistió en su llamamiento "urgente" al respeto a la disidencia, la reconciliación nacional y la solidaridad.

Chávez ha calificado de "ignorantes", "perversos" y "mentirosos" a los obispos venezolanos que han expresado "preocupación" por la reforma, que él mismo promueve como mecanismo para "acelerar" la instauración del socialismo en Venezuela.

La oposición, por su parte, rechaza las modificaciones impulsadas por el oficialismo al considerar que otorgarían poderes "imperiales" a Chávez y lo eternizaría en el gobierno.

La tercera y última discusión parlamentaria de la reforma comenzó el pasado martes, y la directiva de la AN aspira que el proyecto de 58 artículos sea aprobado este mismo mes para someterlo a referendo popular el próximo 2 de diciembre, fecha que sugirió el Consejo Nacional Electoral (CNE).