LA JORNADA
Washington, EU. La Iniciativa Mérida, caracterizada como ejemplo de un "nuevo paradigma" en la relación entre Estados Unidos y México, hoy fue sujeta a serios cuestionamientos tanto por legisladores liberales como conservadores, que manifestaron los obstáculos que enfrenta este programa de asistencia antinarcóticos.
Los legisladores expresaron dudas acerca de si la Iniciativa Mérida podrá cumplir con sus objetivos; cómo monitoreará el gobierno estadunidense a los mexicanos al emplear los fondos, equipo y capacitación; por la "endémica" corrupción política y en las fuerzas de seguridad pública de México; por los fracasos de la cooperación antinarcóticos en el pasado, los derechos humanos en el país vecino y hasta si la lógica de la guerra antinarcóticos en el extranjero funciona, entre otros puntos.

La solicitud inicial para el próximo año fiscal es de 500 millones de dólares (más 50 millones para países centroamericanos), como parte de un programa total de mil 400 millones de dólares, que sería el plan de asistencia antidrogas internacional más grande después del Plan Colombia, e incrementaría unas 10 veces el promedio de asistencia de Estados Unidos a México en años recientes.

El secretario asistente de Estado para el hemisferio occidental, Thomas Shannon, fue convocado hoy ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para uno de los primeros debates sobre la llamada Iniciativa Mérida, la cual calificó de "nuevo paradigma" para la cooperación de seguridad regional.

Shannon advirtió que los narcotraficantes y otras organizaciones criminales han crecido a tal grado que buscan "socavar e intimidar" a instituciones gubernamentales en México, y han generado una ola de violencia. Esta iniciativa es urgente, dijo, ya que responde a una amenaza, "mientras el crimen organizado intenta abrumar la estabilidad y bienestar de los estados democráticos en México y Centroamérica".

Subrayó que el presidente Felipe Calderón, "en un paso sin precedente", solicitó este programa de cooperación con Estados Unidos, e indicó que el gobierno estadunidense reconoce su responsabilidad de enfrentar la amenaza común del crimen organizado trasnacional.

Shannon enfatizó que el gobierno de Calderón ha demostrado una "determinación y compromiso históricos, y los resultados iniciales son impresionantes".

El secretario asistente de Estado para asuntos de narcóticos, David Johnson, quien se presentó junto a Shannon ante la audiencia legislativa, detalló algunos logros del gobierno de Calderón, como el despliegue de 24 mil militares para apoyar operaciones antinarcóticos en 10 estados, la extradición de un número récord (79) de presuntos delincuentes a Estados Unidos; la confiscación de drogas ilícitas, que superan montos anteriores; la depuración de policías y funcionarios de seguridad pública, que dio como resultado el despido de mil 600, y la suspensión de casi 2 mil empleados, entre otros avances.

Johnson indicó que la Iniciativa Mérida complementará algunos programas de asistencia actuales. Por ejemplo, dijo, Estados Unidos ha capacitado a 4 mil 627 oficiales policiacos mexicanos en 2007 y tiene planes para 5 mil 800 en 2008. Agregó que la Iniciativa Mérida considera ampliar estos esfuerzos, junto con apoyos en los rubros de comunicaciones, patrullaje, monitoreo, equipo de investigación y computadoras.

Un dato que surgió en el intercambio con los legisladores es que 208 millones de los 500 millones de dólares para este primer año serán destinados para otorgar helicópteros a México.

Sin embargo, representantes de ambos partidos -como conservadores y liberales dentro de cada uno- se mostraron escépticos sobre la iniciativa. El presidente del comité, el demócrata Tom Lantos, preguntó a Shannon si ese plan es correcto y si el enfoque "es más sobre el síntoma -el flujo masivo de drogas desde América Latina a Estados Unidos- que sobre la cura, la cual claramente sería el desarrollo económico equilibrado a largo plazo de la región".

Lantos opinó que "es ingenuo" pensar que la "legendaria corrupción del aparato policiaco mexicano" de alguna manera se desvanecerá. Cabe recordar que oficiales de México altamente capacitados se han sumado como sicarios de narcotraficantes en el pasado, señaló. "La capacitación puede ser peligrosa, porque puede hacer más efectivas fuerzas corruptas", advirtió. También preguntó en qué condiciones se otorga equipo, como helicópteros, a México y cómo se monitoreará su uso.

El representante Eliot Engel expresó sus preocupaciones acerca de si el gobierno de George W. Bush en verdad está comprometido en asumir su responsabilidad, particularmente sobre cómo revertir la tendencia de años recientes e incrementar fondos para la reducción de demanda de drogas ilícitas en este país, así como en el control del flujo de armas de Estados Unidos a México.

El republicano conservador Dana Rohrbacher sorprendió a los funcionarios al opinar que ha observado la guerra contra las drogas durante 20 años y concluyó que es "un fracaso colosal". Dijo que es mejor dedicar los recursos a esfuerzos para reducir la demanda y no en asistencia al exterior.

El republicano ultraconservador Tom Tancredo no decepcionó las expectativas. Ofreció una de sus clásicas frases: "En México no se sabe dónde termina el gobierno y dónde comienzan los cárteles", y expresó su oposición a otorgar fondos a un gobierno "corrupto e indigno de confianza". Ileana Ros-Lehtinen defendió al país vecino: "México no es un cártel de drogas", afirmó, eso es un "insulto".

Otros legisladores expresaron preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y laborales en México, y cuestionaron si debe considerarse ofrecer asistencia a un país con serias violaciones de las garantías básicas.

En dos ocasiones la audiencia fue interrumpida por intervenciones del público, que denunció violaciones de derechos humanos y la impunidad de fuerzas "paramilitares", al recordar el homicidio del periodista Brad Will en Oaxaca.

Por otra parte, el sindicato siderúrgico nacional (USW) manifestó su oposición al plan en una carta que circuló entre líderes legislativos. "Sin reformas institucionales fundamentales en México, y compromisos concretos del gobierno mexicanopara cesar sus violaciones de derechos laborales y humanos, creemos que los fondos solicitados por el gobierno servirán para reforzar un patrón de impunidad", escribió el presidente del USW, Leo Gerard.

Por otro lado, The Wall Street Journal publicó hoy un extenso reportaje sobre el resurgimiento del Ejército Popular Revolucionario, y su potencial como amenaza al Estado mexicano en esta coyuntura.

La Iniciativa Mérida se intenta vender como un "nuevo paradigma", pero el debate que apenas comienza ya contiene viejos elementos de las discusiones sobre la relación con el país vecino.