México, D.F. .- Respecto a la llamada Iniciativa Mérida, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), José Luis Santiago Vasconcelos, afirmó que por "fantasmas totalmente inexistentes (sic) se ha cuestionado un programa de beneficio para nuestro país y para la región".
Sin embargo, reconoció que de "lo que se trata es de aplicar una estrategia común a la que México se obligó desde la Convención de Palermo y desde un convenio bilateral con Estados Unidos en 1989".

En ese contexto, fuentes gubernamentales revelaron que la PGR destinará al menos 5 millones de dólares, de los 500 millones en especie que inicialmente entregará el gobierno estadunidense a México, en equipar el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), y otro tanto igual para capacitar a un grupo de agentes encargados de la investigación ministerial.

A pesar de que una parte de los recursos que entregará el gobierno de Estados Unidos serán para capacitación policiaca, se debe recordar que desde marzo de este año la Agencia Federal de Investigación (AFI) se encuentra bajo la coordinación de un mando de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, aunque administrativamente se mantiene como un órgano de la PGR.

Por lo que hace a Santiago Vasconcelos, el funcionario declaró a un noticiero radiofónico que "por el gran desconocimiento que existe" de la llamada Iniciativa Mérida se ha desvirtuado su esencia, ya que "tiene única y exclusivamente como finalidad brindar mayor seguridad".

Según el subprocurador, "lo más importante para México es que nos va a permitir acceder a tecnología de punta, que va a igualar la capacidad del Estado con las capacidades que tienen las organizaciones criminales".

Agregó que ello "va a redundar directamente en que la droga en las calles de nuestro país no esté tan a la mano de nuestros hijos, de ahí que todos estos debates que se han suscitado realmente no tienen sustento alguno", porque, a decir de él, "hay un respeto absoluto a la soberanía nacional y de lo único que se trata es de aplicar una estrategia común a la que México se obligó desde la Convención de Palermo y desde un convenio bilateral con Estados Unidos en 1989".

Sobre lo dicho por el embajador de México en Washington, Arturo Sarukhán, respecto de los 7 mil millones de dólares que México aportaría para el combate al narcotráfico, señaló que en realidad fue "la suma del pago de salarios, del desgaste natural de los equipos, del acceso a nuevas tecnologías, de la compra de material para inspecciones, para traslado de personal, de combustibles".

Finalmente consideró que "7 mil millones de dólares son pocos, muy pocos en tres años, para garantizar la salud de nuestros hijos y no debemos tener en ese tipo de cantidades observaciones tan mezquinas y tan obtusas en un fenómeno que requiere no solamente de 7 mil millones, sino de toda la capacidad económica del Estado mexicano".