Jorge Ramos / El Universal
Multa la dependencia a Raúl Muñoz Leos, antecesor de Corzo, con 862 millones de pesos y una inhabilitación de 10 años para efectuar algún cargo público por causar quebranto a Pemex.
Ciudad de México.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) defendió la legalidad del convenio que firmó el ex director de Pemex, Luis Ramírez Corzo, con el sindicato petrolero y por ello, es que no lo sancionó.

Según Raúl Muñoz Leos, antecesor de Ramírez Corzo, fue este último el responsable de entregar mil 724 millones de pesos al gremio encabezado por Carlos Romero Deschamps, ex senador del PRI.

La SFP multó a Muñoz Leos con 862 millones de pesos e inhabilitación de 10 años para el servicio público, al igual que al ex abogado general, Juan Carlos Soriano, por causar un quebranto a Pemex por mil 724 millones de pesos.

Ahora la PGR ha abierto una averiguación previa sobre el caso, pero Muñoz Leos argumenta que la entrega de recursos no la hizo él sino Ramírez Corzo, quien en el 2005 firmó un nuevo convenio con base en el cual se pagaron los recursos al sindicato.

Sin embargo, este viernes Salvador Vega Casillas, titular de la SFP, defendió la legalidad del Convenio de Transacción firmado por Ramírez Corzo.

"Existe un convenio inicial (firmado por Muñoz Leos) que tiene problemas de legalidad y después existe un convenio de transacción que pretende hacer legal lo que estaba ahí, hace legal la parte que estaba ilegal del primer convenio", explicó Vega Casillas.

El secretario agregó que "si bien se cumplen algunos de los requisitos que no estaban cubiertos con el otro, finalmente el origen de este convenio es ilegal y por lo tanto los gastos y pagos que Pemex tuvo que hacer no hubieran existido si no estuviera firmado el convenio anterior (de Muñoz Leos)".

Vega Casillas insistió en que "aunque no se haya hecho efectivo (el convenio de Muñoz Leos) porque se hizo después otro convenio para tratar de resarcir los problemas del anterior, de todas maneras el origen está en un convenio ilegal".

Por estas razones, es que la Secretaría de la Función Pública no procedió contra Ramírez Corzo.