Silvia Otero y Lilia Saúl / El Universal
Cd. de México.- El país requiere una política de Estado en materia de seguridad, ante la ola de violencia que ha enfrentado en los últimos años, concluyeron los participantes del foro Seguridad en Democracia.
Académicos, especialistas, legisladores, miembros del Poder Judicial y de organizaciones no gubernamentales, y representantes de medios de comunicación plantearon también la necesidad de realizar reformas legales, impulsar la participación ciudadana y respetar los derechos humanos.

De lo contrario, añadieron, "se anulará la capacidad de defensa del Estado y la sociedad" ante el fenómeno del crimen organizado.

El foro tuvo como premisas que "la violencia no puede ser el destino de la vida nacional", además de que las soluciones necesitan la suma de esfuerzos de las instituciones públicas, del Estado y de la sociedad civil.

José Woldenberg, integrante del grupo promotor del encuentro, dio a conocer las conclusiones:

Adoptar un sistema penal que obligue a una alta profesionalización de quienes procuran e imparten justicia.

Fomentar la cooperación con otros países en el combate del fenómeno delictivo, pero los acuerdos deberán ser discutidos en el Congreso "de cara a la nación y aprobados por el Senado".

Establecer las responsabilidades y límites constitucionales de funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Permitir a la sociedad evaluar los avances de las acciones anticrimen.

Aplicar la extinción de dominio para que los bienes de la delincuencia pasen a poder del Estado.

Frenar la impunidad y desmantelar, por ejemplo, las redes de complicidades que desde el poder colaboran con la delincuencia.

Concretar programas sociales en favor de los jóvenes, así como de regeneración urbana, sobre todo en las zonas de mayor incidencia delictiva.

Difundir campañas de educación y prevención que involucren a la sociedad, escuelas, iglesias, especialistas, universidades y asociaciones filantrópicas.

Al participar en una de las mesas de trabajo, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Santiago Creel (PAN); Carlos Navarrete, coordinador de la fracción perredista en esa cámara, y el senador del PRI Pedro Joaquín Cold-well, se comprometieron a iniciar en noviembre la discusión de la reforma al sistema de justicia penal.

Por su parte, empresarios y directivos de medios de comunicación coincidieron en la necesidad de informar con equilibrio, sin olvidar su papel crítico, ante la creciente violencia.