Alejandro Sánchez/Excélsior
La ASF concluyó que en 2007 se hallaron prácticas irregulares por 60 mil 723 millones 600 mil pesos en toda la administración pública, de los cuales más de 18 mil millones de pesos son responsabilidad de autoridades de estados y municipios, y en siete años se consiguió recuperar 33 mil 718 millones de pesos de todas las entes fiscalizadas, de los cuales dos mil 28 millones nada más fueron de estados y municipios.
México, D.F..- En el más reciente año de fiscalización (2007), en estados y municipios fueron detectadas irregularidades por 18 mil millones de pesos, además de que en siete años la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sólo ha logrado recuperar de esas administraciones dos mil 28 millones de pesos.

Aun así, para 2010 los diputados no sólo les aprobaron mayores recursos, sino que no contemplaron sanciones para impedir que gobiernos estatales y municipales sigan siendo opacos en la aplicación del dinero que les asigna la Federación.

El presidente de la Comisión de Hacienda en San Lázaro, el panista Mario Alberto Becerra Pocoroba, se sinceró ayer al ser entrevistado sobre la inconformidad de sus correligionarios en el Senado por la manga ancha que diputados le concedieron a los gobernadores y presidentes municipales en el manejo de su presupuesto.

"No hay sanción. ello es correcto, porque considero que esto no es labor de nosotros como diputados para preverlo en un decreto de Presupuesto", aseguró, a pesar de que su coordinadora en San Lázaro, Josefina Vázquez Mota, había asegurado que el Presupuesto 2010 sí contaba con candados para evitar prácticas antitransparencia en el ejercicio de los recursos.

Becerra sostuvo que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 se definió que existe la obligación por parte de las entidades federativas de rendir cuentas acerca de los avances en los programas, proyectos u obras financiados con recursos federales.

Pero lo cierto es que el decreto no contempla ninguna acción para que lo anterior se cumpla.

Excélsior informó el martes pasado que la aplanadora priista en San Lázaro suprimió varios artículos para no castigar a los estados, municipios o delegaciones del Distrito Federal con el recorte de recursos y tengan mayor libertad para ejercerlos.

Además, las nuevas normas señalan que ahora serán los comités de planeación de desarrollo de los estados los que junto con las comisiones legislativas opinen y, en su caso, elaboren las reglas de operación de los programas federales, lo que a la fecha era facultad exclusiva del Ejecutivo.

"...se eliminan el cuarto y quinto párrafos de la fracción II; y el segundo párrafo de la fracción III. El tercer párrafo de la fracción IV se modifica en el sentido de eliminar lo relativo a la suspensión de las ministraciones cuando se incumpla con el envío de información relativa al avance físico de las obras y acciones respectivas, sustituyéndose por la disposición, señalando que se deberá informar a la Cámara de estos casos", señala el documento avalado por loslegisladores.

La ASF concluyó que en 2007 se hallaron prácticas irregulares por 60 mil 723 millones 600 mil pesos en toda la administración pública, de los cuales más de 18 mil millones de pesos son responsabilidad de autoridades de estados y municipios, y en siete años se consiguió recuperar 33 mil 718 millones de pesos de todas las entes fiscalizadas, de los cuales dos mil 28 millones nada más fueron de estados y municipios.

Pero Becerra Pocoroba consideró que en lo sucesivo, y una vez que la ASF haga sus fiscalizaciones, sí se podrán "suspender las próximasministraciones".