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Varios hombres fueron arrestados hoy en el sur de Filipinas por la matanza del pasado lunes por una disputa entre clanes en la que murieron al menos 57 personas, anunció el jefe de la Policía, general Jesús Verzosa.
Verzosa no especificó la cifra exacta de detenidos pero indicó que todos son escoltas y guardas de seguridad a sueldo de Andal Ampatuan, el poderoso cacique local sospechoso de haber ordenado las muertes para intimidar a una dinastía enemiga.

Por ahora, las pesquisas policiales han señalado a uno de los hijos de Ampatuan y alcalde del municipio de Datu Unsay como líder de los pistoleros que cometieron la carnicería.

Andal Ampatuan Jr. es además militantes del partido político de la presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, quien se ha visto salpicada por el escándalo.

Las fuerzas de seguridad han tardado cuatro días en llevar a cabo los primeros arrestos, pese a que desde el primer momento se supo que el clan que controla la provincia de Maguindanao estaba detrás de los hechos.

Incluso el portavoz del Gobierno, Cerge Remonde, llegó a comentar que no había prisa por detener al cerebro de la matanza.

Cien hombres armados secuestraron el lunes por la mañana a unos sesenta civiles que iban a presentar la candidatura a gobernador provincial de Ismail Mangudadatu, quien le quiere disputar el puesto a Ampatuan, un poderoso "datu" o jefe tribal musulmán temido en todo el sur de la isla de Mindanao.

Los pistoleros huyeron hacia las montañas, y poco después los militares que salieron en su persecución empezaron a encontrar los cadáveres, la mayoría decapitados o mutilados.

Varios de los cuerpos de mujeres presentaban signos de haber sido violadas y entre los muertos figuran varios abogados de derechos humanos, periodistas locales, y la mujer y dos hermanas de Mangudadatu, cuya familia controla la vecina provincia de Sultan Kudarat.

Más tarde se encontraron hasta tres fosas comunes con muertos, hasta llegar a los 57.

A seis meses de las elecciones de mayo de 2010, la extrema crudeza de la violencia ha provocado fuertes críticas a la presidenta Arroyo por permitir que el país continúe siendo estrangulado por los clanes o dinastías políticas, a las que pertenecen 160 de los 265 legisladores del actual Congreso.