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Las pensiones de los ex mandatarios no tienen sustento legal. El presidente Calderón tiene la facultad de limitar esos derechos o cancelarlos en el Presupuesto de Egresos, toda vez que no están incluidos en ninguna ley o cuerpo normativo. Son acuerdos administrativos sin fuerza jurídica, consideraron académicos y expertos en derecho.
México.- Señalan el carácter ilegal de las pensiones y prestaciones de los ex mandatarios mexicanos y destacan la importancia de crear una legislación que ponga fin a la "discrecionalidad con la que se erogan los recursos públicos".

Según el doctor en Derecho Raúl Carrancá y Rivas, hay que situar los haberes de retiro de los ex titulares del Ejecutivo federal en un marco jurídico, no sin antes reducirlos.

"En principio es un acuerdo ilegal, totalmente contrario a derecho y caracterizado por la inequidad. Los acuerdos presidenciales no tienen fuerza jurídica para generar privilegios de tal clase. Además, favorecen la formación de castas y otorgan concesiones realmente odiosas sin cabida en los principios republicanos", expone.

Para el constitucionalista Jaime Cárdenas Gracia, las jubilaciones de los ex presidentes pasan por encima de la Carta Magna.

"Es violatorio de la Constitución, son acuerdos administrativos que no están previstos en ninguna ley. Por ejemplo: sobre los consejeros del IFE, la Constitución marca sus retribuciones, y en el caso de los ministros de la SCJN el retiro de la jubilación está en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación".