Ciudad de México.- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, José Luis Soberanes, reveló hoy que durante 2008 se presentaron 6.004 quejas sobre presuntas violaciones de los derechos humanos en el país.
Soberanes informó del trabajo de la CNDH, un organismo del Estado pero autónomo, al presidente de México, Felipe Calderón, y le planteó que "debe ser temporal" la presencia de las fuerzas armadas en tareas policiales "a menos que aceptemos que se desdibuje el proyecto nacional trazado en nuestra Constitución, lo cual -estoy seguro- nadie desea".

Calderón le planteó que por el momento es imposble retirar a los militares de las acciones policiales porque aún falta completar el proceso de profesionalización de las policías del país, sobre todo a nivel estatal y municipal.

Sin embargo, pese a esa negativa, el presidente mexicano dijo que recibía el informe con "respeto y atención" y que el gobierno continuaría propiciando el respeto de los derechos fundamentales.

El informe señala que 1.230 quejas, el mayor número, fueron contra personal de la Secretaría de Defensa (Ejército y Aviación), sobre todo por sus acciones en el marco de su actuación contra la delincuencia organizada.

Le sigue en número de quejas, con 1.007, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el organismo que presta atención médica y jubilaciones a los trabajadores de la industria privada.

Luego figuran tres organismos relacionados con la seguridad ciudadana: la Procuraduría General de la República (PGR), con 769 quejas, la Policía Federal Preventiva, con 284, y el Instituto Nacional de Migración, con 258.

El Ombudsman nacional criticó a la PGR, así como a los gobiernos estatales de Baja California, Sinaloa y Guerrero, por haber rechazado las recomendaciones que le fueron hechas.

Soberanes aseguró que rechazar las recomendaciones del organismo propicia que se incurra en abusos, "se diluyan responsabilidades o dejen en situación de abierta impunidad conductas lesivas al respeto de los derechos fundamentales".

También se opuso a propuestas realizadas por partidos políticos y algunas organizaciones civiles para endurecer las sanciones o reducir libertades o aplicar la pena de muerte.

El funcionario sostuvo que con esas medidas se pasaría "por alto no sólo los compromisos internacionales que México ha asumido para el disfrute pleno de las garantías individuales, sino el hecho incontestable de que el principal problema desencadenante de la criminalidad es la impunidad".