Trujillo Alto, Puerto Rico.- Caminos secundarios, desfiladeros y basurales de esta isla están repletos de cadáveres en descomposición de perros y gatos. Una investigación de la AP reveló por qué: cantidades de animales, posiblemente miles, han sido arrojados desde puentes, enterrados vivos o sacrificados de forma inhumana por organizaciones encargadas de controlar animales abandonados.
Personas que hablaron con la AP dijeron que, a pesar de comprometerse a tratar de llevar a refugios los animales que pueden ser adoptados y a sacrificar a los demás de forma humana, las principales organizaciones dedicadas al control de animales no hicieron ni lo uno ni lo otro.

La noticia de que animales vivos habían muerto tras ser arrojados desde un puente trascendió el mes pasado, cuando la firma Animal Control Solutions (ACS), contratada por el gobierno, fue acusada de matar en forma inhumana a unos 80 perros y gatos recogidos en tres complejos de viviendas en la ciudad de Barceloneta. Una media docena de animales sobrevivió a una caída desde más de 15 metros (50 pies).

La matanza de esos animales parece ser la punta del témpano de una situación que se ha prolongado por al menos ocho años, en la que estarían involucradas ACS y Pet Delivery Servicio de Transporte Animal.

``Ninguno de esos perros llegaba al refugio nunca'', dijo en entrevista exclusiva un ex empleado de ACS.

Aunque fueran cachorros o gatitos, los enterraban, a veces todavía vivos o sedados con una sobredosis. Otros perros muertos o sedados fueron dejados en parajes solitarios, montes y vertederos, o enterrados en fincas privadas, relataron ese ex empleado y otro ex trabajador de la empresa Pet Delivery.

Los dos ex empleados hablaron bajo condición de anonimato porque temen represalias.

Pet Delivery y ACS fueron incorporadas por Julio Díaz, de acuerdo con los registros del Departamento de Estado de Puerto Rico.

ACS es investigada por la policía por la matanza de 80 animales lanzados desde un puente de Vega Baja --pueblo del norte a 38 kilómetros de la capital-- hace un mes. Aún no se han presentado cargos criminales.

Díaz ha dicho que no hay pruebas de que su empresa sea responsable de la matanza de animales en Barceloneta. ``Jamás tiramos animales de ningún lado'', afirmó.

Vecinos de tres complejos de viviendas públicas en Barceloneta
--en el norte, a 58 kilómetros de San Juan-- cuyos animales fueron sacados por empleados municipales y entregados a ACS, demandaron por 22,5 millones de dólares al municipio y a la empresa.

La demanda indica que las muertes de los animales ``ha despertado la indignación del público en el mundo entero''.

María Kortright, una de las abogadas de los vecinos, sostuvo que no hay duda de que los animales removidos en Vega Baja son los mismos lanzados bajo el puente de Vega Baja, pues los que sobrevivieron fueron identificados por sus dueños.

``El martes pasado vi a uno de los que sobrevivió de vuelta con sus dueños'', indicó Kortright.

Según la investigación policial, al menos tres de los animales hallados bajo el puente en Vega Baja fueron rescatados por sus amos, residentes en Barceloneta.

El ex empleado de ACS relató que presenció cómo otro trabajador de la compañía inyectó en la calle, dentro del vehículo de ACS, sobredosis de sedante, a falta de químicos de eutanasia, a 12 o 15 perros, y los tiró a una quebrada cercana al motel Riverside en Trujillo Alto, 18 kilómetros al sur de San Juan.

La escarpada ribera, repleta de piedras, grama, fango y basura clandestina, olía a animales muertos.

Parado encima de la loma de desperdicios junto a los reporteros, relató que escuchó el crujir de las ramas y el aullido de los perros cuando eran lanzados al risco. Se quedó dentro del vehículo, según dijo.

Todos los perros eran realengos, recogidos en Trujillo Alto, excepto uno que ACS buscó en la residencia de una mujer. El perro regresó mal herido a la casa de su dueña al día siguiente, narró el ex empleado.

En otra ocasión, vio cómo unos perros recogidos en el municipio de Guayama fueron sacrificados en el área de descanso de la autopista PR-52 de Cayey a San Juan, al otro lado del expreso frente al emblemático Monumento al Jíbaro.

A unos metros, justo bajo el puente de la autopista, AP vio huesos de más de una docena de perros. Dos aún tenían algo de pelo. Entre los cráneos, vértebras, dentaduras, costillas y bolsas plásticas se hallaron dos collares. El olor a descomposición era igual al de la quebrada trujillana.

Uno de los animales pareció morir en cuclillas, según la posición de su osamenta.

Cuando se le preguntó si la cantidad de animales muertos ascendía a cientos, el ex empleado respondió que ``son más bien miles''.

``En un buen mes, recogíamos 900'', y cobraban por cabeza, acotó.

El coordinador de control de animales de Guayama, Pedro Roque, dijo que ACS prometió que llevaría algunas de las criaturas a refugios y pondría a dormir a otras. La noticia de la matanza de Vega Baja lo sacudió.

``La noticia nos dejó abatidos'', dijo Roque. ``Aquí están muy preocupados por la situación''.

Marcelino Sustache, director del Programa de Control de Desvío de Sustancias Controladas de la Administración estadounidense Antidrogas (DEA, en inglés), dijo a la AP que la persona autorizada o con licencia para administrar sustancias controladas a animales debe inyectarlas en el lugar donde está registrado que va a usar el medicamento.

``No puedo, en la calle, ver un perro y ponerle una inyección... Es una violación de las leyes de sustancias controladas'', dijo Sustache.

Los veterinarios necesitan una licencia de la DEA para suministrar medicamentos.

El sargento Wilbert Miranda, de la policía en Vega Baja, dijo a la AP en octubre que la información recopilada hasta ese momento apuntaba hacia ACS como la responsable de la matanza de animales en ese municipio. El coronel José Caldero, superintendente auxiliar en Investigaciones Criminales, ha dicho que aún no hay acusaciones y la investigación será extensa.

El ex empleado de ACS relató que en otra ocasión el municipio de Juncos íen el centro esteí pidió a la compañía que se llevara 40 perros y gatos de una casa abandonada. ACS cobró entre 40 y 60 dólares por disponer de cada uno, pero como no había químicos para dormirlos o sedarlos, fueron soltados vivos en un monte contiguo a una carretera de Gurabo.

Muchas de las criaturas no llegaban vivas a la clínica de ACS de Hato Rey, San Juan, pese a la promesa de que se haría un esfuerzo para hallarles un hogar, dijo.

Una o dos veces al mes, cuando las neveras donde se almacenan animales muertos en ACS estaban llenas, se sacaban los cadáveres y se lanzaban ``por ahí'', relató. Identificó dos fincas privadas y dos vertederos.

La AP contactó los nueve refugios de animales que existen en Puerto Rico y todos confirmaron que ninguno recibió animales para adopción de parte de las compañías de Díaz.

En tanto, el ex empleado de Pet Delivery, al que AP tampoco identifica para proteger su identidad, sostuvo que la empresa facturaba a los municipios por animales que no había recogido.

``Habían perros en Hatillo, se recogían cinco y se facturaban 15. Luego se iban a Barceloneta (con los mismos perros) y se hacía una factura (nueva)'', afirmó.

El ex empleado de Pet Delivery dijo que todos los miércoles se sacrificaba a perros en el albergue de Arecibo, que manejaba la compañía.

``Cualquier empleado a mano en ese momento usaba la droga disponible y a medio morir (los perros) se tiraban en el hoyo. Por eso se encontraban perros vivos'', dijo. ``Los montaban en una pick-up (camioneta), los llevaban a (el barrio) Dominguito (en Arecibo) y los tiraban allí'', agregó.

Díaz, quien no contestó múltiples llamadas de AP para responder a preguntas sobre sus operaciones, no tiene una buena reputación entre grupos de rescatistas de animales, que calculan hay alrededor de 100.000 animales realengos en la isla.

Alfredo Figueroa, de Protectores de Animales Regional y Estatal (PARE) Este, dijo que cuando presidió la Federación Protectora de Animales en 1999 conoció a Díaz y lo presentó al municipio de Fajardo, que luego le dio un contrato para recoger perros realengos a través de Pet Delivery.

Figueroa supo que Pet Delivery no sólo se llevó perros sueltos. ``Se estaban llevando animales con dueños, con chapas. Los llevaban a Arecibo y, en vez de informar y retenerlos en lo que se conseguía el dueño... los ponían a dormir enseguida''.

Agregó que los fajardeños afectados ``nos llamaban a nosotros, porque trabajábamos con animales y nos insultaban... Llamaban niños llorando, ancianos, una señora enferma, pensaban que estábamos involucrados''.

Figueroa, de 66 años, agregó que los animales llevados a Arecibo eran sacrificados y enterrados en un terreno yermo anexo al albergue.

``Cuando yo estuve allí los animales se salían de la fosa (se veían), era una cosa horrorosa''. Sostuvo que le llevó la información al Departamento de Salud y a la Junta de Calidad Ambiental pero no se tomaron medidas.

Aseguró que otros activistas han denunciado la situación ante las autoridades, pero ``hay apatía''. ``Nadie quiere asumir responsabilidades'', indicó.

Elizabeth Kratch, de Manos por Patas, señaló que a Díaz ``le pagan por recoger animales y ponerlos a dormir. Algunos son cachorros y animales que han tenido dueños''.

Víctor Oppenheimer, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios, señaló: ``Siempre se recibió algo de información (de irregularidades en ACS), pero no somos abogados y no podemos evidenciar nada tampoco''.

``Siempre ha habido un rumor en cuanto a eso, nunca se ha corroborado... Hay rumores también de que una vez se eutanizaban animales con... cloruro de potasio'', dijo Leisha Swyane, de la Red Protectora de Animales.

Oppenheimer expresó que ACS ha cumplido con los protocolos debidos cuando hacen vacunaciones en masa en centros comerciales. El ex empleado de ACS sostuvo que la corporación gastaba mucho dinero en vacunas y eutanasia.

Edilia Vásquez, de Save a Sato Foundation, comentó que Díaz ha ayudado a rescatar perros de situaciones de crueldad.

Organizaciones de rescatistas, muchas de ellas presididas por estadounidenses, han denunciado que el problema del maltrato de animales en la isla es grave porque no existen programas públicos de esterilización y muchas crías son abandonadas a su suerte en la calle o algunas playas, lo que crea el problema de perros y gatos realengos.

Kathie E. Block, directora de Island Dog Inc., dijo que se mudó de Baltimore a Fajardo un tiempo. Observó, en la playa Seven Seas, entre 50 y 100 perros realengos, con golpes y úlceras. ``Los salvavidas los pateaban para que se fuesen de la playa'', afirmó.

Narró que vio una vez a un conductor atropellar a un perro y tomarlo como una broma.

ACS fue incorporada por Díaz en febrero de 2002 en el Departamento de Estado (DE). Según el registro de la Oficina del Contralor (OC), obtuvo 57 contratos con 13 municipios por un total de 746.507 dólares entre 2002 y 2007. En 2005, la corporación aparece inactiva en el DE, pero 10 municipios le otorgaron en total 224.160 dólares en contratos.

Pet Delivery Servicio Transporte Animal fue incorporada en 1999 y obtuvo 28 contratos con nueve ayuntamientos por un total de 308.400 dólares entre ese año y 2003.

Díaz incorporó, además, Animal Services of Puerto Rico en 2005, que no ha rendido informes financieros al DE ni tiene registrados contratos en la OC.