Es viable reanudar la búsqueda de cuerpos en Pasta de Conchos
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<strong>Saltillo, Coahuila</strong>.- La organización civil Familia Pasta de Conchos aseguró tener evidencias de que "técnicamente es viable" el rescate de los restos de 63 mineros que permanecen sepultados en la carbonera Pasta de Conchos, tras la explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006.
Por ello, emplazó al gobierno federal a que de inmediato "autorice una inspección ocular" dentro del yacimiento, tendiente a reanudar los trabajos de búsqueda de los cadáveres que, con el respaldo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la empresa concesionaria, Industrial Minera México, detuvo en abril del año pasado.
En un comunicado, el organismo, presidido por la investigadora Cristina Auerbach, de la Pastoral Laboral en México, señaló que representantes de la empresa filial de Grupo México confirmaron la semana anterior que la presencia de gas metano no es general dentro del filón, con lo que desaparece el principal argumento de la compañía para mantener detenidas las operaciones de búsqueda y rescate.
El escrito señaló que, según declaraciones de Víctor Morales, uno de los técnicos de Minera México, con el funcionamiento de los ventiladores para oxigenar el interior de la carbonera es posible que las brigadas puedan acceder hasta la diagonal 17, es decir, a unos 600 metros de la plancha del yacimiento.
"Queremos hacer público que la información de que disponemos, así como las imágenes videograbadas, prueban lo que tanto hemos dicho: que no existe ningún obstáculo técnico insalvable para que el rescate siga suspendido, ya que se puede ingresar a la mina. La misma empresa lo ha demostrado.
"Aún con las fallas que tiene el abanico principal, no resueltas desde antes de la explosión, Minera México de Grupo México, con rendimientos positivos de 67 por ciento (en utilidades económicas) en los últimos 12 meses, puede controlar los niveles de gas, razón principal que dieron para suspender el rescate", consideraron.
El texto explicó que el pasado 13 de mayo Morales informó a los deudos que iniciaría el proceso para sellar la entrada de la mina, hasta donde llegarían las emanaciones de gas metano y los riesgos de explosión correspondientes.
Añadió que dos días después Fermín Espinoza y Ernesto Flores, ambos ingenieros en minas, ingresaron a la mina y avanzaron unos 40 metros a fin de determinar el lugar donde se instalarían los primeros tapones para sellar la cantera.
Sin problemas para ingresar
Sin embargo, el organismo civil aseguró que "ni los ingenieros ni los trabajadores traían equipo especial, ni hubo un ingreso previo de la cuadrilla de rescate y su gasero para verificar los riesgos, incluso algunos de los trabajadores ingresaron sin llevar el equipo de seguridad al que están obligados por ley, por lo que cuando las familias cuestionamos a Víctor Morales por qué los trabajadores entraban a la mina, si él mismo nos había anunciado que había metano hasta la bocamina, nos respondió que `se prendieron los ventiladores y no hay gas hasta la diagonal 17, así que no hay ningún problema para entrar"'.
Familia Pasta de Conchos consideró que en un intento por mantener suspendidos los trabajos de búsqueda y rescate de los cadáveres, e incluso para sellar definitivamente el yacimiento, Minera México "ha controlado los niveles de gas de acuerdo con su conveniencia", al grado de que "cuando van los inspectores o se les requiere información, apagan los ventiladores, el gas se acumula y no se puede bajar a la mina, pero cuando se trata de hacer obras dentro de ella, como la semana pasada, controlan los niveles de gas y hacen que baje personal" incluso sin equipo de rescate y de respiración.
Por lo anterior consideró que las secretarías de Trabajo y Previsión Social y la de Gobernación deben responder satisfactoriamente a la demanda para que se reinicie la búsqueda de los 63 cadáveres.
Los deudos de los 65 trabajadores que murieron -sólo dos cuerpos fueron recuperados- señalaron que mantendrán un plantón permanente frente a las instalaciones de Minera México, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, "para evitar que la empresa selle el yacimiento y para exigir que nos devuelvan los restos de nuestros familiares", pues aseguraron que esta demanda "no constituye ningún delito".
Por último pidieron al Congreso de la Unión un acuerdo "sobre la pertinencia de hacer una inspección ocular a la mina" en la cual participe un grupo de legisladores.
