Excélsior
Hasta ahora los excedentes petroleros distribuidos no son fiscalizados por alguna autoridad, hecho que pone en duda la efectividad en su aplicación
Evaporados, esfumados, desaparecidos. Ese ha sido el triste destino de los ingresos adicionales que ha recibido el país en los últimos años gracias a los altos precios de exportación del barril de petróleo mexicano, coinciden analistas, académicos y autoridades.

Mientras que en México persiste la necesidad de invertir en infraestructura, los recursos excedentes se han destinado sobre todo al gasto corriente y no existe una fiscalización sobre la manera en que son ejercidos por las entidades federativas, arroja el análisis de los expertos.

"Hemos usado y abusado de los recursos excedentes del petróleo para destinarlos al gasto corriente", advirtió Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República.

"Y se ha deteriorado a Pemex, a la cual se le ha quitado cerca de 90% del valor de su producción de petróleo y de gas por la vía de los derechos que paga".

El senador del PRI por el estado de Sinaloa señaló que tomando en cuenta la historia de México, los petroprecios nunca se habían ubicado en un nivel tan elevado como el actual.

De hecho, agregó el legislador, en 1986 la cotización del crudo mexicano cayó a un nivel de cinco dólares por barril, pero desde hace un par de años su valor se ha mantenido en promedios de 40 a 50 dólares.

"México exporta del orden de 620 a 640 millones de barriles por año", detalló Labastida Ochoa, "entonces un aumento de un dólar en el precio equivale a más de 600 millones de dólares adicionales".

En la última semana, el precio de cada tonel de la mezcla mexicana de petróleo se ubicó en el rango de 78 a 80 dólares, casi duplicando la estimación de 42.80 dólares que aprobó el Poder Legislativo para la Ley de Ingresos del año actual.

"Lo sano es que esos recursos excedentes vayan mayoritariamente a inversión pública, al pago de deuda o a la creación de un fondo de contingencias", recalcó Labastida Ochoa, "para que cuando venga una caída del precio del petróleo o de su producción, no haya problemas para la economía del país".

Frente a la situación actual, es indispensable reenfocar la utilización de los ingresos adicionales por la exportación del crudo, afirmó el senador, para lograr que las finanzas mexicanas sean cada vez más sanas e incluso poder contar con precios más competitivos de los energéticos en el país.

"Es un error muy grave destinar estos recursos al gasto corriente, es decir, a sueldos y salarios, primero porque es dinero que procede de un recurso natural no renovable, que tarde o temprano se va a acabar".

De acuerdo con Labastida Ochoa, el correcto aprovechamiento de los excedentes petroleros es un asunto que será abordado por el Congreso de la Unión a la brevedad.

"Una proporción de los recursos tiene que destinarse a Pemex", recalcó el senador, "pero otra parte debe ir a la construcción de infraestructura en el país: necesitamos carreteras, un sistema hidráulico en el sureste, y esos son problemas de hace décadas".

Cálculo complicado

La fórmula actual para realizar el reparto de excedentes por concepto de la venta de petróleo varía cada año, y aunque existen criterios para verificar su correcta aplicación, podrían mejorarse.

Para Esaú López, director de Prospectiva Económica de la consultora Aregional, estos recursos adicionales que percibe la Federación podrían, por ejemplo, destinarse a promover una mayor inversión en la infraestructura de Pemex.

El especialista explicó que los excedentes que se entregan a los estados tienen como una de sus bases las ventas de crudo al extranjero, pero sus fuentes también son otros ingresos no petroleros, como es el caso de los importes adicionales por la recaudación o el cobro de algunos derechos.

"Hay algunos años, como 2005, donde todo lo que se le dio a las entidades fue de excedentes petroleros, pero por ejemplo este año se combinó una parte de los ingresos petroleros y otra parte de los ingresos totales", agregó, "las reglas de asignación cambian cada año".

De acuerdo con estimaciones de Aregional, efectuadas a mediados de año, los excedentes petroleros a entidades federativas acumularán aproximadamente 6 mil 369.7 millones de pesos durante 2007.

Pero no se debe olvidar que la repartición de ese dinero depende también de los ajustes que se realizan en la Cámara de Diputados, dijo, y a pesar de que a partir de este año existe una Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se han aprobado artículos transitorios sobre el tema.

Sin embargo, continuó López, para el siguiente año se anticipa que las entidades federativas solamente recibirán los recursos que estén planteados en la Ley de Presupuesto, es decir, 10% de los excedentes totales del sector público.

"En materia de fiscalización del uso de estos excedentes es donde hay terreno por avanzar, creo que hace falta fortalecer en México los mecanismos en ese sentido para que sea más fácil, rápido y eficiente su aprovechamiento".

En tanto, según las estimaciones de la firma consultora, las entidades más favorecidas por los excedentes petroleros durante 2007 son el DF, Estado de México, Jalisco y Nuevo León.

Pero López agregó que debido a los ajustes en la ley, en lo sucesivo será cada vez menor la repartición de excedentes para los estados.

"En los próximos años, los excedentes van a ser considerablemente menores a los que se observaron en 2004, 2005 y 2006", dijo.

Un aspecto que debe considerarse en relación al tema de los excedentes petroleros y su distribución es el componente político que conlleva la discusión entre quienes toman las decisiones en el país, advirtió Leticia Armenta Fraire.

La directora del Centro de Análisis Económico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México, lamentó que al determinarse el reparto de ese dinero no se incluya un punto de vista sobre los retos en materia económica que enfrenta la nación.

"Es un tema francamente político, y depende de la correlación de fuerzas entre las entidades y la Federación", mencionó, "y muy pocas veces priva un criterio económico y mucho menos se piensa en un modelo de largo plazo que empuje realmente el desarrollo del país".

Armenta Fraire también coincidió en el sentido de que esos recursos deben destinarse a la inversión en infraestructura, siempre y cuando tenga un efecto multiplicador en la economía del país.

"Si esa infraestructura permite que aumenten los niveles de competitividad en el país, eso sería formidable", destacó, "en mi opinión lo más importante sería privilegiar ese tipo de proyectos, sobre todo las obras que por su dimensión tengan un mayor impacto a nivel nacional".

Sin embargo, cuando se habla de inversión en infraestructura no se debe limitar el concepto a las carreteras o las telecomunicaciones, ya que existen otros ramos cuyo impacto en la sociedad es más generalizado, afirmó.

De hecho, una mayor canalización de ese capital al sector energético, pero no solamente al sector de hidrocarburos, sino de forma más general, podría arrojar resultados positivos en materia de productividad y competitividad, aclaró la investigadora.

"Yo me pregunto qué pasaría si buena parte de esos recursos se dedicaran a tener energía a un menor costo, lo que quiere decir gasolina y luz eléctrica más baratas", recalcó Armenta Fraire.

Y a fin de cuentas, uno de los problemas de fondo es que hasta ahora los excedentes petroleros distribuidos no son fiscalizados por alguna autoridad, hecho que pone en duda la efectividad en su aplicación, señaló.

"Como son recursos que no están etiquetados y debido a que no se fiscaliza el gasto, terminan desperdiciándose, porque quedan atados al criterio particular de quien los vaya a ejercer.

"Lamentablemente esto se ha vuelto un tema muy político, y cuando inician las negociaciones del presupuesto, el peso de algunos actores empieza a sentirse".

Por eso es necesario un plan maestro para los excedentes petroleros, concluyó Armenta Fraire, con el que cada entidad podría contribuir a impulsar sus proyectos en una vertiente, pero siempre con una visión de desarrollo nacional.