El periodista Hugo Olivera fue ejecutado con arma de fuego y hallado en el interior de su camioneta. Foto: Archivo/ Vanguardia
El Universal
El Comité asegura estar alarmado por el asesinato de Hugo Olivera, de Michoacán, pues forma parte de una ola de violencia que restringe la cobertura de las noticias
Ciudad de México.- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) exigió al gobierno de México investigar "en forma exhaustiva" el asesinato del periodista Hugo Alfredo Olivera, quien fue asesinado la madrugada del martes, en el estado de Michoacán.

La víctima era corresponsal del diario La Voz de Michoacán y de la agencia Quadratín, así como editor del periódico local El Día, en Apatzingán, de donde salió la noche del lunes, alrededor de las 21:00 horas, y fue la última vez que se le vio con vida; su cuerpo con tres impactos de bala se localizó ayer a bordo de una camioneta en un camino que se ubica entre los municipios de Tepalcatepec y Aguililla, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ indicó en un comunicado que "estamos alarmados por el asesinato del periodista Hugo Olivera e instamos a las autoridades mexicanas a investigar a fondo y enjuiciar a los responsables del crimen".

Agregó que el asesinato del periodista policiaco, forma parte de "una ola de violencia criminal que está restringiendo la cobertura de las noticias y crea un ambiente de intimidación que a su vez conduce a una autocensura generalizada".

El CPJ que es una organización radicada en Nueva York dedicada a la defensa de la libertad de prensa en el mundo, destacó que "México es uno de los países del mundo más peligrosos para la prensa", por lo que investigará las causas del homicidio de Olivera para determinar si fue asesinado por su actividad periodística.

Recordó que en febrero pasado Olivera había denunciado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos  (CNDH) una golpiza que sufrió por parte de la policía federal, que fue documentada por el CPJ, además de que el periodista  "no había informado sobre amenazas antes de su muerte, aseguraron sus familiares y reporteros locales".