Exigen a Sudán cooperación para esclarecer matanza de Darfur

Ocampo informó al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre sus investigaciones, y señaló que Sudán no coopera con su oficina ni cumple la resolución 1593 del organismo (de 2005), que obliga al gobierno sudanés a colaborar.

'En la actualidad se siguen cometiendo masivos crímenes en Darfur', manifestó Ocampo.

Indicó que Jartum no ha hecho nada para detener a Ahmed Harun, ex ministro del Interior y actual ministro de Asuntos Humanitarios, ni a Ali Kushayb, líder de las milicias progubernamentales Janjaweed, a quienes acusa de ser los autores materiales de las matanzas en Darfur.

Según las pruebas recogidas por Ocampo, Harun fue el encargado de reclutar a dichas milicias y coordinar los ataques sobre la población de esta región sudanesa.

El fiscal argentino aseveró que ahora, desde su nuevo puesto, Harun está encargado de la seguridad de los 2.5 millones de refugiados desplazados de Darfur, que -dijo- aún son atacados bajo sus órdenes.

'Harun, acusado de 50 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad, no debería ser confiado para garantizar la seguridad de sus víctimas', afirmó.

'Debe ser arrestado. Mantenerlo en su puesto es una amenaza directa a los millones de víctimas y de los trabajadores humanitarios que los protegen', puntualizó.

En el informe que presentó a los 15 miembros del Consejo de Seguridad, Ocampo dijo: 'El gobierno de Sudán no ha acatado sus obligaciones legales. El gobierno de Sudán no está cooperando ni con mi oficina ni con la CPI. No han hecho nada'.

'Sudán no está cumpliendo con su obligación de proteger a sus ciudadanos y está permitiendo a miembros de su gobierno a atacarlos', añadió.

El fiscal aprovechó para anunciar dos nuevas investigaciones: una sobre los 'constantes indicios' de ataques de funcionarios sudaneses contra los civiles, en particular contra los 2.5 millones de refugiados, y otra, contra el personal humanitario que los protege.

'Mi único límite son las pruebas', respondió a la pregunta si podría acusar a nuevos altos miembros del gobierno sudanés.

Por su parte, y tras escuchar la presentación que hizo Ocampo ante el Consejo de Seguridad, el embajador de Sudán ante la ONU, Abdalhaleem Mohamed, lo acusó de 'politizar' todo este asunto y de 'descarrilar el proceso de paz en marcha' con sus investigaciones.

Dejó claro que el gobierno de Jartum no va a entregar a la CPI a ningún ciudadano sudanés y afirmó que su sistema judicial es capaz de juzgarlos, si encuentra motivos para ello.

Desde que en mayo pasado el tribunal con sede en La Haya presentara los cargos contra Harun, de 50 años de edad, y contra Kushayb, de 42, Sudán ha repetido en varias ocasiones que no se los entregará por no reconocer su jurisdicción.

Investigaciones de las autoridades sudanesas exoneraron a Harun por su papel como ministro del Interior encargado de Darfur cuando comenzó la crisis y ha pospuesto de manera indefinida un juicio pendiente contra el otro acusado conocido como 'coronel de coroneles'.

Ocampo insistió: 'La única solución realista es pedir el arresto de Harun como un primer paso de cualquier solución. Pido al Consejo de Seguridad que mande un fuerte y unánimo mensaje al gobierno de Sudán para que se cumpla la orden de arresto'.

Esto -dijo- mandará una clara señal a los demás responsables de los crímenes cometidos en Darfur de que la comunidad internacional los está, no sólo vigilando, sino que además les pide cuentas por sus actos.

Tras cuatro años de enfrentamientos, el conflicto de Darfur ha provocado el desplazamiento de 2.5 millones de personas y ha dejado más de 200 mil muertos.

El conflicto estalló en febrero de 2003, cuando miembros de grupos tribales africanos en Darfur se rebelaron tras décadas de discriminación del gobierno árabe de Jartum, que usó a las milicias Janjaweed para sofocar las protestas y sembrar el miedo con asesinatos masivos.