Buscan resaltar la integridad del juego y acuerdan medidas antidoping
La FIFA y el sindicato mundial de jugadores (FIFPro) renovaron su compromiso para que el gobierno del fitbol defienda la integridad del juego, a la vez que mantuvieron su coincidencia sobre las cuestiones que deben tener un tratamiento específico en el nuevo tratado de la Unión Europea.

Según un comunicado de FIFA, ambos organismos expresaron su acuerdo durante el Congreso que FIFPro celebró recientemente en Budapest, donde también coincidieron en aspectos de la lucha antidopaje como "la localización colectiva a cargo de los clubes, sólo durante los periodos de entrenamiento de los equipos".

FIFA y FIFPro entienden que "sólo un paquete de medidas que englobe en todo el mundo el conjunto de cuestiones relativas al gobierno del futbol puede permitir defender y hacer progresar la universalidad del juego, la integridad y la incertidumbre del resultado de las competiciones".

Para los dos organismos esto sirve también "para lograr el equilibrio entre los protagonistas del futbol en interés de todos, la formación de los jóvenes y el fútbol de clubes, así como el futbol de selecciones nacionales".

También entienden ambos que "la especificidad del deporte, recogida en el Tratado de Lisboa (art.165), no tiene como objetivo reducir los derechos de los futbolistas en la legislación laboral y su contenido concreto sólo puede ser reconocido mediante el diálogo, la concertación y la negociación entre las instituciones y sus protagonistas, entre los que se encuentran en primera línea los jugadores".

Medidas contra la multipropiedad de clubes, protección de menores y de equipos nacionales con la introducción del sistema 6+5, venta centralizada de los derechos televisivos, licencias de clubes, control de apuestas y regulación de las actividades de los agentes son los temas que FIFA y FIFPro creen que deben tener un tratamiento específico.

FIFPro, por su parte, ha solicitado a FIFA "que se incluya en los reglamentos la jurisprudencia claramente definida de la Cámara de Resolución de Disputas que prohíba las decisiones unilaterales de los contratos laborales".