Zagreb, Eslovenia.- Una "Petición contra la censura y presiones políticas contra los periodistas en Eslovenia" ha sido firmada hasta ahora por 571 o casi una cuarta parte de los periodistas profesionales eslovenos, confirmaron a Efe hoy fuentes de la Asociación de periodistas eslovenos (DNS).
También informaron que la DNS y el Sindicato de periodistas (SNS) han llamado esta semana al Gobierno a "reanudar el diálogo sobre la crisis de los medios en Eslovenia", después de que el Gobierno rechazara el 12 de octubre las acusaciones contenidas en la petición.

La petición fue redactada y divulgada en septiembre por los periodistas Blaz Zgaga, del diario "Vecer" y Andrej Surc, de "Radio Eslovenia".

Fue respaldada plenamente, entre otros, por las dos principales asociaciones de periodistas eslovenas (DNS y UNS), el Instituto Internacional de Prensa (IPI) y la Federación Europea de Periodistas (FEP).

El IPI, con sede en Viena, demandó a comienzos de octubre, cuando la petición fue suscrita por algo más de 400 periodistas, que el Gobierno esloveno establezca una comisión independiente para investigar las denuncias sobre las presiones políticas a los periodistas y medios de comunicación.

Zgaga comentó el pasado 6 de octubre a Efe que el primer ministro, Janez Jansa, lo primero que debería hacer para mostrar su buena voluntad es facilitar la investigación pedida por el IPI.

Sin embargo, en la primera reacción oficial a la petición, la Oficina de Comunicación del Gobierno calificó el pasado día 12 las acusaciones de infundadas, alegando informes favorables sobre Eslovenia de "Freedom House" y "Reporteros sin fronteras" para 2006, sin mencionar la demanda de IPI.

Una agrupación de periodistas pro-gubernamentales rechazó la petición, calificándola de acción política y no profesional.

En la "Petición contra la censura" se afirma que desde que llegó al poder en 2004, el Gobierno conservador de Jansa forzó cambios en la estructura de propiedad de los medios privatizados y adoptó cambios legislativos que le facilitaron el control de los medios privados y estatales.

Gracias a esos cambios, el Gobierno pudo sustituir a la mayoría de los jefes de administración, miembros de los consejos de control y directores en la mayoría de los principales medios.

En el documento se acusa a las nuevas direcciones y a los redactores jefes de no respetar la autonomía del periodismo y censurar los textos que critican a las autoridades, mientras que los periodistas "desobedientes" son despedidos, degradados, presionados y discriminados.