Londres, Inglaterra.- El primer fotógrafo que llegó al lugar donde colisionó el Mercedes en el que perdió la vida la princesa Diana, en París, se niega a declarar, confirmó hoy el juez a cargo de la investigación judicial que se efectúa en Londres sobre lo ocurrido, Scott Baker.
El fotógrafo Romuald Rat escribió una carta al jurado del caso en la que les comunicaba su negativa a testificar.

En dicha misiva, Rat señaló que no estaba "preparado para prestar declaración por videoconferencia o de ninguna manera, ni hoy ni cualquier otro día".

Diana, su novio, Dodi Al Fayed, y el conductor francés Henri Paul fallecieron a consecuencia del choque del vehículo contra un pilar de un túnel parisino próximo al puente del Alma, tras ser perseguidos por "paparazzi", el 31 de agosto de 1997.

En vistas anteriores de esta pesquisa judicial, el jurado escuchó que ese fotógrafo había telefoneado supuestamente al tabloide sensacionalista británico "The Sun" para ofrecer las instantáneas por una cifra que rondaría las 300.000 libras (unos 417.000 euros).

La confirmación de su negativa a declarar se produce un día después de que el juez Scott Baker perdiera un recurso de apelación para revocar un dictamen del Tribunal Superior que permite no contar en este caso con los testimonios escritos de los fotógrafos franceses que persiguieron a Diana la noche de su muerte.

Las autoridades francesas habían confirmado anteriormente que no forzarían a los "paparazzi" a prestar declaración en persona en esta investigación, tras lo que Baker intentó que se incluyeran, al menos, las declaraciones por escrito de los fotógrafos, "testigos cruciales" en lo sucedido.

La mayor parte de los fotógrafos que persiguieron el coche de Diana la noche del 31 de agosto de 1997 retiraron su cooperación en esta pesquisa después de que el motorista Stephane Darmon, quien conducía la moto en la que viajaba el fotógrafo Romuald Rat, fuera sometido a un nuevo interrogatorio exhaustivo y supuestamente agresivo en una vista de Londres celebrada el pasado octubre.

Tras esto, las autoridades galas se negaron a obligar a esos fotógrafos a colaborar con sus declaraciones pese a que, en aplicación de la legislación francesa, se esperaba que lo hicieran.

Las autoridades francesas basaron su decisión en una sección del código civil galo que abarca cuestiones que "amenazan el orden público o los intereses fundamentales de la nación".

Tras esa confirmación, el juez Scott Baker mostró a principios de noviembre su "decepción" por no contar con esos testimonios "cruciales".