El Universal
Todos los hospitales públicos estarán obligados a garantizar a las mujeres víctimas de violación el acceso a la anticoncepción de emergencia y a la interrupción del embarazo, luego de una rectificación de la Secretaría de Salud
El gobierno federal dio a conocer ayer dos medidas que contribuirán a proteger los derechos de las mujeres.

En la primera, todos los hospitales públicos estarán obligados a garantizar a las mujeres víctimas de violación el acceso a la anticoncepción de emergencia y a la interrupción del embarazo, luego de una rectificación de la Secretaría de Salud.

La dependencia modificó la Norma Oficial Mexicana 46 que únicamente establecía que los centros de salud "podrían" dar los servicios. La nueva redacción reemplazó esa palabra por "deberán".

Ese concepto ya estaba incluido desde julio de 2008. Pero en enero se modificó la norma, sin previo aviso.

Ante las presiones de grupos de derechos humanos y de feministas, la Secretaría de Salud devolvió la redacción original.

El texto se encuentra en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, que deberá enviarlo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por otra parte, en materia de combate a la explotación sexual, hoy entra en vigor el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que prevé un programa de protección de testigos y a víctimas de esa problemática, así como a sus familiares, para evitar amenazas o intimidaciones de los probables responsables, sobre todo en casos de crimen organizado.

El reglamento se publicó a más de un año de la promulgación de la citada ley, el 28 de noviembre de 2007.

EL UNIVERSAL informó ayer viernes que el combate a ese flagelo está rezagado, entre otras razones porque hay dificultad hasta para tipificar el delito a los niveles federal y local.

Entre las disposiciones incluidas en el reglamento se establece que el Ministerio Público promoverá ante el juez la rendición de los testimonios por medios indirectos o desde lugares remotos a los de la diligencia para proteger la identidad, privacidad y dignidad de las víctimas o testigos.

La norma fija también el servicio de asesoría legal.