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Las recientes reformas a la Ley del Seguro Social en materia de tercerización de servicios de personal, conocido como outsourcing, generan una carga administrativa considerable, opinaron socios de la consultora KMPG México
"Esta ley es una reacción a un abuso en el esquema de tercerización de personal, y pudiera afectar el desarrollo del país, inhibir su crecimiento y pudiera frenar el esquema mundial enfocado a hacer empresas más eficientes", agregaron.

No obstante, reconocieron que dichas reformas, aprobadas en abril y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de julio pasado, brindarán un esquema de competencia leal entre las empresas legalmente establecidas y que cumplen con sus obligaciones.

El socio a Cargo de la Práctica de Seguridad Social y Remuneraciones en la Región Centro, Rubén Dávalos, y el Socio de la Práctica de Seguridad Social y Remuneraciones de KPMG en México, Pablo Noreña, expusieron que el tercerizar servicios de personal o "outsourcing", ayuda a las compañías a enfocarse en la parte central de su negocio.

Una vez que se ha identificado un proceso de negocio que podría ser desempeñado más eficientemente por otra empresa, se contrata a la empresa para desarrollarlo, explicaron los especialistas en un artículo de opinión.

Desafortunadamente, reconocieron, en México se han creado algunas empresas de outsourcing como una forma de reducir costos, abusando del esquema original y dándole un uso indebido, repercutiendo en la reputación de esta actividad.

Las reformas a la Ley del Seguro Social, agregaron, obedecen a la inquietud por parte del gobierno de controlar las prácticas indebidas que se realizan dentro de esta tercerización, y buscan darle seguridad a los más de cuatro millones de mexicanos que trabajan en empresas de outsourcing.

Ello, para cumplir con dos objetivos fundamentales: Permitir al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brindar mayores y mejores servicios a los trabajadores y a sus familias derechohabientes, y garantizar a todos los trabajadores acceso a la seguridad social mexicana.

"A pesar de que éstos son esfuerzos positivos, esta seguridad está buscando enmarcar bajo una estrecha fiscalización por parte de quien contrata servicios o trabajos a un tercero al cumplimiento fiscal del patrón, generando con ello una carga administrativa considerable", indicaron.

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Señalaron que a partir de la entrada en vigor de esta reforma (10 de julio), las empresas que contraten servicios en donde intervengan trabajadores o sujetos de aseguramiento, deberán evaluar todos los contratos que tienen celebrados con las compañías prestadoras de servicio.

A partir de esta revisión se deben identificar a los proveedores y definir sobre cuántos de éstos se pudiera interpretar que se tiene la dirección. Luego de ello, se deben vigilar a aquellos proveedores sobre los que sí se tiene dirección y asegurarse de que estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales.

Es importante no descuidar a los demás, ya que la ley establece que los patrones son los que reportan, por empleado, quién es el beneficiario de sus servicios y el IMSS no está obligado a dar información al beneficiario sobre quién o qué le reportan.

Los socios de la empresa de consultoría KPMG afirmaron que el outsourcing funciona si se utiliza en la forma en la que fue originalmente pensada, por lo que las empresas prestadoras de servicios en México que no están alineadas deben regresar al modelo original corrigiendo las desviaciones que se han presentado en el mercado.

Por otro lado, subrayaron, las compañías que contratan estos servicios no se pueden dar el lujo de incumplir o de postergar el análisis de sus contratos y la evaluación de riesgos de sus proveedores.