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Defensa del ex mandatario se prepara para la batalla legal que le espera
LIMA.- El presidente peruano, Alan García, dijo ayer que la gobernabilidad en Perú está asegurada, luego de que el partido del extraditado ex mandatario Alberto Fujimori anunció el fin de las relaciones cordiales con el gobierno, al acusarlo de maltrato a su líder.

El partido de Fujimori representa la cuarta y decisiva agrupación en el Congreso peruano, en el que García no cuenta con mayoría y necesita conciliar con las otras fuerzas políticas para lograr la aprobación de sus iniciativas. "Creo que la estabilidad está muy sólida en nuestra patria.

Lo sustantivo está en marcha, tenemos estos eventos en el camino, pero la vida continúa", dijo García en una entrevista con la radio local RPP.

"La gobernabilidad está asegurada en el país", subrayó.

Fujimori, de 69 años, llegó extraditado el sábado desde Chile por cargos de corrupción y abusos a los derechos humanos. Permanece recluido en un cuartel policial, ubicado en una zona pobre de Lima que contrasta con el lujoso condominio Hacienda Chicureo en el que cumplió arresto domiciliario en Santiago.

Según imágenes difundidas por el gobierno, dentro del cuartel policial Fujimori ocupa un amplio e iluminado espacio alfombrado, que cuenta con una cama, un comedor con una mesa y cuatro sillas, un ropero y un baño privado con ducha.

Sin embargo, el lunes la hija mayor del ex mandatario, la legisladora Keiko Fujimori, acusó a García de maltratar a su padre, y anunció el fin de las relaciones cordiales que mantenía su partido con el gobierno. En todo caso, García se mostró confiado en que prime "el interés nacional", y añadió que el caso Fujimori no es el "inicio de una guerra (sino) un problema estrictamente legal y judicial".

Ayer mismo, los legisladores de Alianza por el Futuro (AF) presentaron una denuncia penal contra el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y el director del cuartel donde está recluido Fujimori, por el supuesto delito de abuso de autoridad, informó la agencia oficial Andina.

Según la denuncia, el supuesto delito se produjo el lunes, cuando los denunciados impidieron que un grupo de congresistas de AF ingresara al Establecimiento Penitenciario Transitorio Barbadillo, en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Diroes). La delegación pretendía verificar el estado de salud y condiciones en que vive su líder.

La defensa del ex mandatario peruando se prepara para la dura batalla legal que le espera. Fujimori podría recibir una condena de hasta 30 años de prisión si es hallado culpable en el caso "Barrios Altos" y "La Cantuta", dos matanzas en las que murieron 25 personas a manos de un escuadrón de la muerte que operó en su gobierno.

Mientras tanto, organizaciones civiles y sindicales de Perú pidieron protección para los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos mientras dure el proceso judicial contra Fujimori.

"Exigimos de las autoridades medidas de protección para todos aquellos vinculados con el proceso", manifestó en una rueda de prensa Pablo Rojas, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). "Hay algunas organizaciones de derechos humanos que están con protección policial porque hay una alerta sobre posibles acciones contra ellos", agregó Rojas .

El activista informó, además, de la convocatoria de una marcha para este jueves bajo el lema "justicia para que no se repita, no a la impunidad", con la que se pretende "reunir a la sociedad civil y expresar el rechazo a las acciones de la violencia".