LA JORNADA
México, D.F. .- A 12 años de su aparición formal, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) iniciará mañana un proceso de eventual diálogo con el gobierno federal, a través de una comisión de mediadores.
La posición de apertura del EPR (cuya composición tiene origen en las guerrillas surgidas en el sur del país hace cuatro décadas) no tiene precedente, pero sus integrantes han advertido que el camino de las conversaciones no significa dejar las armas y mucho menos la rendición que les exige el gobierno.

Hasta el momento, las posturas entre ambas partes en conflicto continúan siendo asimétricas y antagónicas.

El único objetivo de ese diálogo, de acuerdo con sus comunicados, es lograr la presentación con vida de dos de sus compañeros, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes habrían sido detenidos y torturados por policías el 25 de mayo pasado, en Oaxaca, de acuerdo con la versión difundida por los eperristas.

Estos hechos fueron el detonante (también según los comunicados del EPR) de una nueva etapa de la "guerra popular prolongada", como denominan a su estrategia político-militar, y de la explosión de bombas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), en julio y septiembre de 2007. Estos hechos derivaron en una investigación (vigente) de la Procuraduría General de la República (PGR) para aprehender a los responsables.

Sin embargo, el EPR afirma que no ejecutará más acciones de ese tipo en tanto opere la mediación de diversas personalidades, quienes aceptaron realizar estas diligencias con el gobierno. Lo anterior, con el objetivo de contribuir a la aparición de los eperristas y generar las condiciones que eviten casos de represión y desapariciones forzadas, como las ocurridas en la llamada guerra sucia de décadas pasadas.

Este martes, a las seis de la tarde, está programada en la Secretaría de Gobernación la cita entre el subsecretario de Gobierno, Abraham González y las siguientes personas: Carlos Montemayor, escritor (quien es además vocero del grupo en referencia); Samuel Ruiz, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas; Gilberto López y Rivas, antropólogo; Miguel Angel Granados Chapa, periodista y abogado, así como Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge y la senadora Rosario Ibarra de Piedra, los tres últimos integrantes del Frente Nacional contra la Represión.

Los mediadores han hecho énfasis en delimitar su participación en la búsqueda de la justicia social desde la sociedad civil para evitar nuevos episodios de desapariciones forzadas, consideradas crimen de lesa humanidad. Por ello solicitarán, desde la cita de mañana, información acerca de la investigación que realiza el gobierno para dar con el paradero de los eperristas.

En un encuentro preparatorio, funcionarios y mediadores acordaron algunos procedimientos, como fijar el lugar de los encuentros, la posibilidad de emitir comunicados conjuntos, individuales o discrepantes, pero sobre todo un acuerdo inicial de no interrumpir abruptamente el diálogo, y sólo suspenderlo si una de las partes o ambas lo piden.

En este primer paso, el gobierno federal y el EPR llegan con el único punto en común de haber aceptado la participación de los mediadores, lo cual es calificado por los involucrados de hecho "positivo" en sí mismo, porque abre la posibilidad -como dijo Montemayor- de aprovechar una oportunidad histórica.

La cita del martes no significa diálogo directo ni acogimiento de los eperristas a la vida institucional porque, advierten, la historia tiene episodios de violencia y traición para los guerrilleros que han aceptado dar la cara.

El 9 de mayo pasado, Gobernación emitió un comunicado para fijar sus condiciones para un eventual y futuro acercamiento con el grupo armado, con el argumento de que era el camino para evitar "acciones de sabotaje y violencia".

Tres días después, el EPR respondió con un amplio comunicado en el que se refiere a 44 años de lucha revolucionaria y a un saldo de 800 detenidos-desaparecidos durante la gestión de gobiernos priístas.

En ese documento, los eperristas afirman: "Siempre hemos dado prioridad al factor político", y aseguran que las acciones armadas, a las que ubican como "de autodefensa", son respuesta "legítima" a la violencia del aparato represivo del Estado para acallar voces críticas y movimientos de protesta popular.

"Se equivocan, señores del gobierno y vocingleros del sistema, en sus juicios y sesudos análisis; no estamos pidiendo negociación alguna producto de la debilidad o acorralamiento político o porque sentimos pasos en la azotea ante el gran despliegue policiaco-militar para buscar y capturar a los compañeros en los que recayó la responsabilidad de las acciones legítimas de autodefensa, las cuales son parte de la guerra popular.