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Agustín Acosta, representante de un grupo de trabajadores del sindicato minero, solicitó a la STPS que no reconozca la relección de Napoleón Gómez Urrutia al frente de ese gremio.
Ciudad de México.- El representante legal de un grupo de trabajadores del sindicato minero, Agustín Acosta, solicitó a la STPS que niegue la toma de nota a Napoleón Gómez Urrutia, con la que se avalaría su reelección como dirigente gremial.

En entrevista por teléfono, el abogado dijo que las autoridades no deben aceptar los "caprichos" de un sindicato que está anunciando que va a pasarse al lado de la ilegalidad si no se ratifica el nombramiento de una persona que enfrenta acusaciones judiciales.

"La reelección de Napoleón Gómez Urrutia es criticable por varias cuestiones y la primera de ellas es evidente; su actuación es cuestionada por la justicia y tiene varias órdenes de aprehensión, cualquier otra persona en esa circunstancia difícilmente podría asumir un cargo de tanta responsabilidad", sostuvo.

Agustín Acosta, quien representa a trabajadores de las secciones 62 de Fresnillo y 201 de Sombrerete, Zacatecas, recordó que para ser electo funcionario del sindicato minero se requiere ser un agremiado en plenitud y goce de sus derechos .

"Y en el momento en que a Napoleón Gómez Urrutia le dictaron una orden de aprehensión sus derechos políticos quedaron suspendidos, por lo que no reúne los principales requisitos para hacer legal su reelección" , enfatizó.

El litigante explicó que sus representados entregaron al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) , Javier Lozano Alarcón, una serie de demandas de nulidad a la toma de nota, a fin de que se tomen en cuenta y se "declare inelegible a Gómez Urrutia por no reunir los requisitos legales y estatutarios elementales" .

En estos documentos, explicó, se argumenta que el dirigente sindical nunca ha sido trabajador minero, además de que no cumple con el Artículo 205 de los Estatutos y Declaración de Principios del Sindicato Minero, que establece que para ser funcionario, representante o delgado deberá gozar de todos sus derechos.

Como existe una denuncia penal por el desvío de 55 millones de pesos, Gómez Urrutia no cumple el precepto que marca la normativa, pues "su condición de prófugo de la justicia hace que los derechos y prerrogativas de esta persona se encuentren suspendidos" , aseveró.

Tampoco, añadió, cumple con lo establecido en el Artículo 42 de los documentos del sindicato, que señalan que para figurar en el Comité Ejecutivo Nacional necesita ser convencionista y socio activo del gremio, lo cual no cubre porque radica fuera del país.

Ante esa situación, pidió a las autoridades permanecer muy pendientes al respecto y sin caer chantajes, pues la STPS debe imponer su autoridad para mantener y demostrar que su actuación y decisiones son apegadas a derecho.

"Lo que nos parece muy grave es que ahora el sindicato los desafíe, cuando por todos los ámbitos estamos viendo que hay desafíos al Estado, y por ello hay que hacer votos y apoyar a la autoridad en ese sentido para que su potestad siga siendo el eje de la gobernabilidad en materia laboral" , enfatizó.

Acosta agregó que si las autoridades ceden a los caprichos del sindicato minero parecerá que se están plegando al desafío y éste conflicto seguirá sin solución pero con un mayor costo y desgaste.