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México.- Elementos del Ejército mexicano pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación 23 antenas instaladas al parecer por grupos del crimen organizado en el cerro "La Chiva", en el municipio de Culiacán, Sinaloa.
En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que por ese motivo se inició la averiguación previa AP/SIN/CLN/434/08/M-I contra quien resulte responsable de los posibles delitos de ataques a las vías generales de comunicación y lo que resulte.

En las investigaciones realizadas hasta el momento se tiene conocimiento que en la comandancia de la novena zona militar se recibió una denuncia ciudadana, que señalaba que un grupo de narcotraficantes y sicarios que operan en la región utilizan con fines criminales diferentes medios de comunicación electrónicos.

Entre ellos se encuentran radios, retransmisores, antenas repetidoras, amplificadores y otros medios técnicos en el uso de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico y electromagnéticos.

Además han instalado con fines criminales diversos equipos en el cerro de "La Chiva", afectando el espectro radioeléctrico en sus frecuencias VLF, LF, HF, VHF, UHF, SHF y EHF.

Por ello, personal militar arribó al lugar y confirmó la existencia de los equipos instalados, los cuales en su mayoría carecen de cualquier dato que los haga identificables en cuanto a su propietario, usuario y concesionario.

El material fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones.

La PGR señaló que por ese motivo y como medida cautelar se decretó el aseguramiento precautorio de las 23 antenas instaladas y su equipamiento, a efecto de verificar su funcionamiento, así como la identidad de sus operadores, propietarios y/o concesionarios de los referidos medios de comunicación.

Estas acciones se dan a conocer con la finalidad de que todas aquellas personas que tengan interés jurídico en acreditar el legal funcionamiento e instalación de las antenas de comunicación y sus equipos, se presenten a comparecer ante el representante social de la federación para deslindar cualquier tipo de responsabilidad.

Esto en virtud de que dentro de las medidas cautelares implementadas se dictó un acuerdo en el que se ordena que en un término máximo de 10 días contados a partir de esta fecha, se procederá a la desactivación, inhabilitación y/o desmantelamiento de los equipos asegurados, por considerar que se trata de instrumentos de delito.