La Corte exonera al "góber precioso"

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron que no existió una conspiración entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif, para violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, e incluso determinaron que la transgresión a sus derechos no es grave, y por lo tanto el caso puede ser resuelto en otras instancias judiciales.

En una decisión por mayoría, de seis votos contra cuatro, a diez meses de que el máximo tribunal del país ordenó la integración de una comisión investigadora, para conocer los pormenores del caso, la mayoría de sus integrantes consideraron que si bien existieron irregularidades en la detención de la también escritora -en diciembre de 2005-, y hubo quienes consideraron que se acreditó que fue víctima de tortura sicológica, no amerita una recomendación de la Corte.

Cacho Ribeiro es autora del libro Los demonios del edén. El poder detrás de la pornografía Infantil, en el que denunció las operaciones de una red de pederastia y abusos sexuales contra menores, presuntamente liderada por Jean Succar Kuri, y en el que se citaba su relación con el empresario textilero Kamel Nacif, conocido como El Rey de la Mezclilla.

A partir del contenido de la obra, el empresario denunció penalmente por difamación a la escritora, y aunque ya fue exonerada de este cargo, esto derivó en su detención en diciembre de 2005, en Cancún, Quinta Roo, desde donde fue trasladada al estado de Puebla, en un viaje por tierra de más de 20 horas, en las que aseguró haber sido víctima de tortura sicológica.

De acuerdo con la periodista, la acción penal en su contra fue un acto de represalia por el contenido de su libro, y a su versión se sumó la difusión pública -en febrero de 2006-, de una serie de grabaciones de conversaciones telefónicas, entre las que estaban la que sostuvo el gobernador poblano Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, que al parecer evidenciaban un plan para actuar jurídicamente contra Cacho Ribeiro.

El caso llegó en enero de 2007 a la SCJN, ante las posibles violaciones graves a las garantías individuales de la periodista, derivadas de una presunta confabulación entre el gobernador de Puebla y el llamado El Rey de la Mezclilla.

El fallo de los ministros

Ayer, en una sesión del pleno de la Corte, y después de tres audiencias en las que los ministros debatieron sobre el tema, se impuso la mayoría en el sentido de que no existieron violaciones graves a los derechos de Cacho Ribeiro, y no hay pruebas contundentes de hubo una conspiración entre autoridades para actuar en su contra, incluso determinaron que no tienen validez las conversaciones telefónicas entre Mario Marín y el textilero, y que se asumían como evidencias concretas de una actuación ilegal contra la periodista.

A partir de la investigación constitucional que realizó una comisión especial, integrada por tres magistrados y que derivaron en un proyecto de resolución que fue elaborado por el ministro Juan Silva Meza, seis de los integrantes de la Corte consideraron que el caso puede ser dirimido a través de las investigaciones penales que realiza la Procuraduría General de la República (PGR).

Los ministros Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío Díaz y Silva Meza, estuvieron a favor de que existieron violaciones graves a las garantías de la periodista.

Pero se impuso la mayoría. La ministra Olga Sánchez Cordero, aseguró que con sólo el testimonio de Lydia Cacho queda claro que fue víctima de tortura sicológica, pues desechó a los testigos a los que calificó "de oídas"; sin embargo, consideró que no existieron pruebas suficientes que inculpen a Mario Marín en los hechos, ni de autoridades del poder judicial del Estado, por lo que "estas violaciones podrían ser reparadas por otros medios y otras acciones judiciales", un criterio al que se sumó Margarita Luna Ramos.

A lo largo de la sesión que duró casi tres horas, el ministro Sergio Aguirre Anguiano incluso puso en duda la veracidad de las declaraciones de la periodista, con lo que argumentó su decisión de que no se violaron sus garantías: "Consta que se le preguntó si había sufrido incomunicación, tortura o presiones de alguna naturaleza, y consta que dijo que no. Con posterioridad van cambiando en cuestión de matriz y grado las versiones".

Sin embargo, Góngora Pimentel afirmó que se violaron los derechos de Cacho Ribeiro, y "sí hubo concierto de autoridades".