Salvador Camarena
La Suprema Corte de Justicia de México resuelve la libertad de los acusados de la matanza de 45 indígenas en Chiapas en 1997
Adivinanza de humor negro: ¿En México, qué es una verdad? Una mentira  con dos testigos. La cosa sería de risa sino fuera porque, como  ilustra el fallo de este miércoles de la Suprema Corte de Justicia de  la Nación, en este país hay inocentes en las cárceles y en las calles,  culpables. El máximo tribunal del país decretó ayer la libertad  inmediata de una veintena de indígenas, acusados de masacrar el 22 de  diciembre de 1997 a 45 indígenas, la mayoría mujeres y niños, en  Acteal, municipio de Chenhaló, Chiapas.

A la barbarie de quienes perpetraron la matanza del grupo que  tranquilamente rezaba aquella tarde de hace casi 12 años, siguió la de  los cuerpos de "procuración de justicia". Los Gobiernos priistas de  entonces, tanto el de Chiapas como el federal, presidido por Ernesto  Zedillo, se vieron sacudidos: cayeron el gobernador chiapaneco y el  secretario de Gobernación (ministro de Interior). Pero, lejos de  comprometerse a resolver el caso conforme a derecho, la autoridad  montó una farsa que ayer recibió el tiro de gracia por parte de la  Suprema Corte, después de que abogados, académicos y periodistas  denunciaran durante años que los procesos hacían agua por todas  partes, que se habían inventado culpables, testimonios y móviles.

"No hay peor injusticia que tratar de enmendarla cometiendo otra",  afirmó durante el debate de ayer en la Primera Sala de la Corte el  magistrado Juan Silva Meza. La votación final fue de cuatro votos  contra uno a favor de la liberación inmediata de 20 indígenas. Otros  31 podrían salir cuando se resuelva un trámite legal y a seis más se  les repetirá el proceso. El fallo de los magistrados establece que  muchas de las pruebas de los procesos se obtuvieron de forma ilegal y  que hasta la Procuraduría General de la República (fiscalía) había  inventado pruebas.

La lista de aberraciones jurídicas sería motivo de risa si uno  perdiera de vista por unos segundos que decenas de familias vieron  destruida su tranquilidad los últimos 11 años debido a, por ejemplo,  un testigo que la primera vez que fue interrogado declaró formalmente  no hablar ni escribir en castellano, para, poco después, ser el autor  de una "lista de culpables" que era prolija en detalles sobre su  paradero. O cómo la policía elaboró un álbum de fotografías para que  sus testigos reconocieran a los que debían señalar como culpables  cuando tuvieran que hacerlo dentro de las diligencias. O el juez que  agregó delitos al expediente que el fiscal no había incluido. O cuando  otro juez basó su resolución en Wikipedia.

El abogado Javier Cruz Angulo, quien desde 2007 lleva la defensa de  los encarcelados, detalla una de las aberraciones: "El juez segundo de  distrito, Martín Rangel Cervantes, basa la sentencia sobre el peritaje  en balística en Wikipedia. Para llevarlo al absurdo, yo podría decir  que si hubiera sabido que el juez iba a hacer eso, y como wikipedia es  una página que cualquiera puede modificar, habría puesto en la misma  que los procesados eran inocentes para que, basado en eso, el juez los  absolviera".

Con machetes y balas, mientras oraban, en Acteal fueron abatidas 14  niñas, 4 niños, 4 mujeres embarazadas, otras 15 mujeres y 8 hombres.  Se acusaba a la comunidad de ser simpatizante del Ejército Zapatista  de Liberación Nacional (EZLN). Se cree que algunos de los verdaderos  autores de la matanza, atribuida a grupos paramilitares financiados  por el Gobierno, fallecieron en libertad.

El caso llegó a al Supremo en agosto del año pasado, cuando aceptó  revisar la solicitud de amparo demandada por 57 presos. Durante su  discusión de ayer, los magistrados establecieron claramente que no se  puede saber si entre los que obtendrán su libertad hay alguno o  algunos que sí tengan culpa, porque lo único que determinaron es que,  además de violación de las garantías de los procesados, hubo invención  de pruebas.

"Se dieron irregularidades en las actuaciones procesales, pruebas  indebidamente recabadas, con lo que se afectó el debido proceso, y la  obligación de salvaguardar las garantías individuales", argumentó el  magistrado José Ramón Cossío al pronunciarse a favor de la liberación.

Fuera del tribunal el fallo fue recibido con júbilo por los familiares  de los acusados y sus abogados, pero también con recelo por los  líderes de la comunidad de Las Abejas, a la que pertenecían los  tzoltziles asesinados: ellos, naturalmente, siguen esperando justicia.

Cruz Angulo escribió en El Universal: "Acteal es un laberinto de  papel, mitos, realidades y posiciones polarizadas. Jueces y  ministerios públicos fueron los arquitectos de un laberinto de más de  100 mil hojas. (...) Es una doble tragedia: por un lado tienes una  abominable masacre y por el otro tienes más de 50 seres humanos  encarcelados sin pruebas. Frente a la brutalidad de esa doble tragedia  cobra total sentido la necesidad de que existan leyes, de que se  respeten y de que se garantice la existencia del debido proceso".

"Es bueno que la Corte [Suprema] se esté involucrando en estos casos",  dijo ayer Cruz Angulo a EL PAIS. Cabe preguntarse si los 11  magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán  capacidad para resolver todo lo que cientos de jueces y magistrados no  han hecho en todo el país para desbaratar casos mal presentados por  otros cientos de fiscales que cada día procesan a los mexicanos.