LA JORNADA
Cancún, Quntana Roo.- La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) reveló que un ciudadano identificado como Michael Eugene Kelly Hodgson defraudó a miles de inversionistas de ese país, y 500 millones de dólares producto de ese ilícito fueron a parar al desarrollo Puerto Cancún, que pronto albergará los conjuntos residenciales más grandes del Caribe mexicano.
El más reciente comunicado del FBI señala que Kelly Hodgson y sus cómplices utilizaron el dinero obtenido mediante fraudes para comprar hoteles, negocios, casas, yates, automóviles, un avión, un club nocturno (The City) y un desarrollo inmobiliario en Puerto Cancún, donde Hodgson residió varios años antes de que lo arrestaran, en diciembre de 2006.

La oficina de Patrick J. Fitzgerald, abogado del Departamento de Estado de Estados Unidos, difundió el lunes un reporte fechado el 9 de mayo, en el cual detalla los 14 cargos contra Kelly Hodgson, quien encabeza el grupo de inversionistas nacionales y extranjeros que dio vida a Puerto Cancún -el proyecto más importante de este sexenio-, el cual quedó en manos de su hijo, Michael Kelly Jr., meses antes de que agentes del FBI lo capturaran en Jacksonville, Florida, el 22 de diciembre de 2006.

Desde entonces se encuentra arraigado en Chicago, donde se ventila el fraude contra inversionistas, informó Roberto D. Grant, agente especial a cargo de la oficina de la FBI en esa ciudad.

La trayectoria de un inversionista

Kelly enfrenta 10 cargos de fraude postal, dos de fraude por Internet y dos por violaciones a la Ley de Garantías.

El 9 de mayo se extendió el plazo legal para buscar alternativas de solución y recuperar el dinero y otros activos situados fuera de Estados Unidos e indemnizar a las miles de víctimas.

Según la fiscalía, Kelly era el presidente y único accionista de Yucatán Investment Corp. y de Resort Holdings International, Inc., empresas a través de las cuales ofreció y vendió los pagarés o supuestos arrendamientos universales. A comienzos de 1998 defraudó a los compradores e inversionistas con dos tipos de inversiones: un pagaré a nueve meses y un supuesto "arrendamiento universal".

Kelly Hodgson dijo que obtuvo aproximadamente 34 millones de dólares de la venta de los pagarés, que garantizaban una tasa anual de devolución hasta de 10.75 por ciento sobre el precio de compra y que se podían renovar en diferentes términos.

Pero los agentes de la FBI descubrieron que, a través de varias compañías y una red de vendedores, Kelly Hodgson obtuvo más de 450 millones de dólares por medio de los arrendamientos universales, que tenían un plazo de 25 años, y que supuestamente se relacionaban con un arrendamiento a tiempos compartidos en hoteles mexicanos que dirigía Kelly.

Si Michael E. Kelly es declarado culpable enfrentará diez acusaciones de fraude electrónico, cada una con una pena máxima de 20 años de prisión y multa 250 mil dólares; dos de fraude postal, cada uno por un máximo de cinco años de cárcel y multa de 250 mil dólares, y dos acusaciones de fraude por garantías, delito que se castiga hasta con 10 años de prisión y una multa de 250 mil dólares.

Como alternativa, la corte puede imponer una multa máxima equivalente a dos veces la pérdida de cualquiera de sus víctimas. La restitución del daño es obligatoria.

Respaldo total del ayuntamiento

Puerto Cancún se construye en 327 hectáreas, a lo largo de dos kilómetros frente al mar. Será una zona residencial con más de 2 mil 100 departamentos y condominios de lujo, más de 435 lotes unifamiliares y cinco hoteles; tendrá un campo de golf de campeonato diseñado por Tom Weiskopf, una marina con capacidad para más de 300 megayates, una plaza de negocios y un centro comercial.

El ayuntamiento que encabezó el priísta Francisco Alor Quesada autorizó el cambio de densidad de construcción para permitir torres de 20 pisos y la destrucción de manglares en 272 hectáreas.

La comisión que aprobó estos cambios se instaló el 13 de junio de 2005, dos meses después de que se inició la administración de Alor Quesada, y aprobó, el primero de agosto, "la relotificación y las adecuaciones a las densidades de algunas superficies de lotes" del proyecto original. Quince días después autorizó un nuevo plano sobre el total de la superficie (272 hectáreas) "con el objeto de constituir un régimen de condominio".

A esos espacios se asignó la clave "hotelería especial", que permite edificios de 20 niveles y 200 cuartos por hectárea, algo prohibido en el plan original, lo que, según grupos ecologistas, ha puesto en peligro el equilibrio ambiental y urbano del municipio.