Caracas, Venezuela.- La restricción al "debido proceso" judicial y a la información en "estados de excepción", añadido por el Congreso de Venezuela al proyecto de reforma constitucional del presidente Hugo Chávez, causó esta semana fisuras en las filas gubernamentales y revitalizó a la oposición.
La tercera y definitiva discusión del proyecto de reforma constitucional, con el debate uno a uno de los artículos, arrancó esta semana con la impugnación por el partido oficialista Podemos (izquierda moderada) de la incorporación por el Congreso de 25 nuevos artículos a la reforma de Chávez.

Ismael García, líder de Podemos --que postula un "socialismo democrático" y "anti-autoritario"--, afirmó que este incremento introducido por una comisión especial del Congreso representa una "violación de procedimientos y de la Constitución".

En una protesta de varios cientos de militantes, Podemos solicitó este viernes al Consejo Nacional Electoral un pronunciamiento sobre el paquete añadido por el Congreso a los 33 artículos que Chávez propuso reformar.

En otro acto público ante el Tribunal Supremo de Justicia consignaron un recurso de interpretación sobre la legalidad del debate en el Parlamento.

El mandatario, que recibió de Podemos más de 10% de los 7,2 millones de votos para su reelección en diciembre, calificó de "traición" la postura de ese partido, que a su vez lo llamó "intolerante".

La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) expresó este viernes que la reforma "acentúa la concentración de poder" y "favorece el autoritarismo", según el liderazgo católico.

"En el campo de los derechos humanos y constitucionales, algunas disposiciones representan una patente involución, como los tres artículos de la reforma sobre los estados de excepción", añaden los prelados.

Esos cambios "restringen derechos ya consagrados en la actual Constitución (de 1999), lo que atenta contra el principio de progresividad de los derechos humanos", indicó un comunicado de la jerarquía católica.

Sobre ese punto, Carlos Escarrá, constitucionalista y asesor de Chávez en esta reforma, se abstuvo por primera vez, junto con el diputado José Albornoz, líder del oficialista partido Patria para Todos (PPT-obrerista).

Andrés Cañizales, corresponsal en Venezuela de Reporteros Sin Frontera (RSF) dijo a la AFP que la Constitución Bolivariana de 1999 vigente establece que "aún en el caso de un golpe o ante una catástrofe natural que obliguen a un estado de excepción no se tomarían restricciones al flujo informativo".

Sin embargo, la presidenta del Congreso, Cilia Flores, "interpreta que en una situación de emergencia el único que puede informar es el gobierno", acotó Cañizales.

"Esa modificación al artículo sobre el estado de excepción, es un retroceso a la Constitución de 1961, que había sido superada con la Constitución Bolivariana de 1999", promovida por Chávez cuando llegó al poder, alegó.

Relató que en los años 60 hubo muchas restricciones a la información por la lucha contra la guerrilla en Venezuela.

"Me preocupa que además esos derechos sean restringidos por tiempo indefinido", dijo el portavoz de RSF.

El fiscal general de Venezuela, Isaías Rodríguez, también calificó de "inconstitucional" la restricción del "debido proceso" judicial.

El debido proceso "es un derecho absoluto, que no debe ser restringido ni siquiera en los estados de excepción", dijo el fiscal en un comunicado.

Rodríguez defendió además "la presunción a la inocencia, el derecho a ser oído, a ser juzgado por su juez natural, el derecho a que no puedes ser aprehendido sin un proceso debidamente conformado".

En contraste, Rodríguez aceptó que sea restringido el derecho a la información en caso de estados de excepción.

El fiscal considera que la información no debe ser restringida "cuando es tendiente a restituir los derechos", pero --acotó-- si "en un estado de conmoción interior, bélico, (la información) está del lado del bando del país que nos invade, por supuesto hay que restringirla".