La Cancillería condenó por medio de un comunicado el informe de derechos humanos correspondiente al año 2008, que difundió en la víspera el Departamento de Estado, donde se alertó sobre la politización de la judicatura y el hostigamiento oficial de la oposición política y de los medios de prensa en Venezuela.
Caracas, Venezuela.- El gobierno consideró como ``malintencionado'' e ``injerencista'' el informe sobre derechos humanos que emitió el Departamento de Estado, y exigió el jueves a Washington que cese esa práctica que ``siguen lesionando las relaciones''.

La Cancillería condenó por medio de un comunicado el informe de derechos humanos correspondiente al año 2008, que difundió en la víspera el Departamento de Estado, donde se alertó sobre la politización de la judicatura y el hostigamiento oficial de la oposición política y de los medios de prensa en Venezuela.

``El gobierno bolivariano de Venezuela rechaza el contenido falso, malintencionado e injerencista del informe en cuestión, cuyos alegatos carecen de fundamentos, y constituyen la expresión de las opiniones antivenezolanas difundidas por sectores que, dentro y fuera de nuestro país, se rehusan a aceptar que el pueblo venezolano sea dueño de su destino'', refiere el escrito.

Venezuela exigió a la nueva administración estadounidense que ``pongan fin a estas prácticas que siguen lesionando las relaciones entre nuestros estados, las cuales deben tener como base el respeto, la igualdad y la no injerencia en asuntos internos''.

El presidente Hugo Chávez ha mantenido durante sus diez años de mandato tirantes relaciones con Estados Unidos.

Aunque Chávez se ha manejado con reserva en el caso del gobierno de Barack Obama, el mandatario ha exigido al nuevo gobernante estadounidense que se maneje con respeto hacia Venezuela para lograr el restablecimiento de relaciones entre los dos países.

El Departamento de Estado sostiene en su informe anual que en Venezuela ocurrieron muertes ilegales, detenciones arbitrarias, corrupción, demoras en los procedimientos judiciales, impunidad, violaciones del debido proceso y duras condiciones penitenciarias.

Asimismo refieren que bajo el gobierno de Chávez se dieron casos de ``intimidación y ataques oficiales a los medios independientes, discriminación por militancia política, extendida corrupción en todos los niveles del gobierno, violencia contra la mujer, trata de personas y restricciones a los derechos sindicales de los trabajadores''.

En el estudio se reconoce que el gobierno venezolano o sus agentes ``no cometieron ninguna muerte con motivación política'' en 2008, pero sí señala que las fuerzas de seguridad cometieron ``muertes ilegales, incluyendo ejecuciones sumarias de sospechosos''.