El gobierno de Panamá inició hoy los preparativos para el inicio del racionamiento de energía, con medidas que incluyen la reducción de las jornadas laborales de ocho a seis horas en oficinas públicas y el corte de energía en letreros luminosos en horas diurnas.
Las medidas fueron propuestas por la Secretaría de Energía y la Administración de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) para enfrentar los problemas que afectan la generación hidroeléctrica.

El racionamiento de energía empezará a ser aplicado el 21 de mayo, si no se registra un descenso en el consumo nacional y si persiste el bajo nivel de las aguas en los lagos que abastecen a las principales hidroeléctricas en este país.

La Comisión Nacional de Energía recomendó hace un año el cambio de 100.000 luminarias del alumbrado público por lámparas T8/T5, de bajo consumo eléctrico, para mejorar el ahorro de electricidad y evitar la fuga de divisas, pero la iniciativa tuvo un efecto parcial ante el exagerado consumo de electricidad.

De acuerdo con informes oficiales, el nivel del lago en la hidroeléctrica Fortuna, en la occidental provincia de Chiriquí, cayó el jueves 1,59 metros, y se encuentra a 8,5 metros arriba del nivel crítico, mientras que el lago Bayano, en la provincia de Panamá, está a dos metros sobre el punto crítico, lo que anticipa recortes en el suministro emergético.

La capacidad instalada actual en Panamá para generar energía eléctrica es de 1.392 MW, de los cuales 770 MW son por generación hidráulica, 573,40 MW de generación térmica y 48,5 MW corresponden a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Los analistas del sector estiman que serán requeridas nuevas usinas e hidroeléctricas para atender el mercado energético, que aumenta 5 por ciento cada año, en especial por el "boom" económico en la construcción de edificios altos en las áreas metropolitanas y la creación de industrias exportadoras y centros comerciales.

El biólogo y consultor ambiental Ariel Rodríguez puso en duda el resultado del racionamiento planteado por el gobierno y señaló que existen alternativas para encarar el problema, con la participación de la sociedad civil, en procura de una estrategia energética y un efectivo ahorro nacional.

En la actualidad, el Estado mantiene un subsidio a clientes residenciales de bajo consumo eléctrico (inferior a 200 Kwh), para evitar que las tarifas sean afectadas por el alza del precios de productos deñ petróleo utilizados en la generación eléctrica.