David Carrizales / La Jornada
Monterrey, NL.- Carlos Castresana Fernández, fiscal del Tribunal Supremo de España y coordinador de la Oficina de las Naciones Unidas sobre las Drogas y el Crimen (ONUDC), señaló que el fenómeno de la impunidad sigue presente en México y América Latina, debido a que la verdadera esencia de la democracia, que es el principio de la legalidad, no ha cristalizado en esas sociedades.
Consideró que el reto de las naciones que integran la región es, precisamente, constituirse en verdaderas democracias, pero alertó que es erróneo pensar que este sistema político se logra sólo con votar.

"Ésa es la democracia formal: que los gobernantes sean elegidos y se cambien periódicamente mediante procesos transparentes; es una condición, pero no es la esencia de la democracia", expresó.

El fiscal español precisó que "la esencia de la democracia es el principio de la legalidad: que la ley rija y se aplique por igual a gobernantes y gobernados, a ricos y pobres, a poderosos y desfavorecidos".

Al participar en el primer Congreso Internacional sobre Seguridad, Narcotráfico y Delincuencia Organizada en esta ciudad, Castresana Fernández dijo que "sólo cuando el principio de legalidad es efectivo, entonces estamos hablando de la verdadera democracia, pero esto exige necesariamente que desaparezca la impunidad y que el aparato penal caiga por igual contra cualquiera que lo merezca, sea cual fuere su origen".

Expresó que en México hubo una decisión "desacertada" al tratar los "crímenes del pasado", porque se optó por una fiscalía especial, en lugar de crear una comisión de la verdad.

Es muy difícil -advirtió- que los tribunales tomen conciencia de un fenómeno delictivo de naturaleza histórica, menos aún si la opinión pública no está suficientemente informada y no se había actualizado el debate sobre los crímenes de la guerra sucia.

Mencionó que en países como Sudáfrica, Argentina y Chile se creó una comisión de la verdad, lo que permitió refrescar los hechos del pasado para que hubiera una demanda generalizada de justicia, y luego se llevaron los casos ante los tribunales. "Si lo haces al revés, con una sociedad desinformada, los tribunales no tienen ninguna expectativa".

Privatizar la seguridad pública

Castresana Fernández habló también del riesgo de privatizar los servicios de seguridad. Esto puede generar que sólo quienes tengan recursos para costearlos disfruten de ese bien social, mientras el Estado estará fallando en su responsabilidad de garantizar niveles mínimos de convivencia para el resto de ciudadanos.

"Yo no cuestiono la privatización; creo que debe hacerse lo que económicamente sea más conveniente. Si se puede descargar a los presupuestos públicos de una pesada carga, se puede privatizar, y si el servicio se hace más eficiente y barato, pues perfecto, pero en todo caso hay que seguir garantizando mínimos de calidad en el servicio."