Karla Garza
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Siderúrgicos y Metalúrgicos de la República Mexicana denunció hoy que varios autobuses con trabajadores que intentaban seguir el proceso judicial por el asesinato del trabajador Juventino Flores Salas, en Fresnillo, fueron interceptados 'y de hecho, secuestrados', desde la madrugada por fuerzas públicas.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Siderúrgicos y Metalúrgicos de la República Mexicana denunció hoy que varios autobuses con trabajadores que intentaban seguir el proceso judicial por el asesinato del trabajador Juventino Flores Salas, en Fresnillo, fueron interceptados 'y de hecho, secuestrados', desde la madrugada por fuerzas públicas.

El bloqueo, expresan en un comunicado, "Es un alevoso atentado fascista contra las libertades de manifestación, de tránsito y de expresión, consagradas en la Constitución General. No contentas con eso, las fuerzas armadas desplegadas mantienen secuestrados en los autobuses a los mineros, sin alimentos, sin agua, y los tienen impedidos por las tropas para realizar sus elementales necesidades fisiológicas".

La madrugada de hoy, abundaron, 11 autobuses con representantes de las Secciones del Sindicato Nacional de Mineros fueron interceptados y detenidos en los límites del Estado de Zacatecas por fuerzas públicas federales, estatales y municipales, para impedir su ingreso a esa entidad, a la cual acuden para seguir el proceso penal mencionado para encontrar a los culpables del asesinato cometido en junio pasado a su compañero, quien ese mes "fue vilmente golpeado a batazos por seguidores del líder charro y traidor al Sindicato Minero, Carlos Pavón Campos, su hermano y otros".

Los mineros interceptados viajaron desde ayer, martes, a Zacatecas, desde diversos puntos del territorio nacional, en cumplimiento de un acuerdo de la Tercera Asamblea Nacional de Secretarios Generales del Sindicato Minero, con el fin de promover pacíficamente que las autoridades estatales investiguen y consignen penalmente a los autores intelectuales y materiales de ese crimen, para lo cual ya hay orden de consignación contra el mencionado Carlos Pavón Campos.

"Este comportamiento ilegal de autoridades federales, obedece a instigaciones de la empresa Grupo Peñoles, de Alberto Bailleres, que utiliza recursos mal habidos del lavado de dinero, su complicidad con el crimen organizado y sus evasiones fiscales..." sueltan en la carta abierta.

El Sindicato exige finalmente a las autoridades federales, estatales y locales, en especial a la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, que no impidan la libre manifestación de los mineros. Advirtieron además que ya otros 8 autobuses con mineros se dirigen desde otras partes del país a sumarse a los que están interceptados en los límites del Estado de Zacatecas".

"Responsabilizamos formalmente al gobierno de Felipe Calderón, a las autoridades policiacas y militares federales y de Zacatecas y, sobre todo, a Grupo Peñoles, de cualquier violencia o hecho de sangre que ocurra en este atentado a las libertades", concluyeron.