Alonso Urrutia / La Jornada
Entre los cambios que podría traer para el Instituto Federal Electoral (IFE) la aprobación de la reforma electoral en materia de facultades, en caso de que se incorpore la prohibición a los partidos políticos para comprar promocionales, estarían una restructuración del esquema de vigilancia del organismo y mayores precisiones en la legislación secundaria, consideró el consejero electoral Arturo Sánchez.
Entrevistado en torno a las pretensiones del Senado de la República de eliminar la posibilidad de contratación, el consejero electoral estimó que aun cuando exista ya el consenso sobre esa disposición general, faltan demasiadas previsiones que deberán incorporarse en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), en las que se definirán las atribuciones concretas del IFE.

Sánchez recordó que en los últimos años, al tiempo que los partidos políticos fueron orientando su gasto de campaña fundamentalmente a la adquisición de promocionales en radio y televisión, el instituto reorientó sus esquemas de fiscalización para hacerlos más eficaces en función del nuevo tipo de campaña que se fue perfilando de 1997 a la fecha.

Explicó que los partidos fueron concentrando su gasto en la publicidad electrónica y las acciones del IFE se orientaron en consecuencia. Subrayó que la instrumentación de un monitoreo de los promocionales desde el año 2000, que fue ampliándose cada vez más, posibilitó a la autoridad electoral mejorar su capacidad de fiscalización.

Durante el proceso electoral de 2006, el IFE estableció un monitoreo en las 20 principales ciudades del país, con un total de 161 canales de televisión y 222 estaciones de radio, entre el 19 de enero y el 28 de junio de ese año. Paralelamente, explicó Sánchez, se prohibió a las empresas otorgar bonificaciones en función del monto de publicidad contratada, pues en esos comicios "este esquema fue considerado donación en especie".

El consejero destacó que esto había permitido a la autoridad electoral vigilar ampliamente el gasto en publicidad, como se pudo demostrar con la detección de 281 mil espots que en su momento no fueron reportados por los partidos y que actualmente se encuentran en procedimientos oficiosos.

Señaló que de concretarse la reforma que elimine la posibilidad de contratación, el esquema de vigilancia del organismo tendrá que modificarse sustancialmente. A la larga, dijo, el monitoreo tendría que abocarse a la detección de los promocionales que pudieran salir al aire sin estar considerados dentro de los tiempos oficiales que tendrían asignados los partidos políticos.

Sin embargo, explicó, todos estos detalles deberá incorporarlos el Congreso de la Unión en las reformas de la legislación secundaria. "Hasta ahora sólo conocemos el proyecto que se presentó en el Senado de la República y que se refiere exclusivamente a la reforma constitucional".

Por lo pronto, cuatro meses después de haber concluido la revisión de los gastos de campaña de los partidos y coaliciones que contendieron en los comicios de 2006, el remanente que tiene el IFE a investigar es precisamente la relación entre partidos políticos y medios de comunicación.

Los procedimientos oficiosos instrumentados buscan determinar quiénes adquirieron los 281 mil espots que los partidos no reportaron o no reconocen haber contratado. Actualmente, el IFE se encuentra a la espera de que los medios de comunicación respondan a los requerimientos de información que se les enviaron recientemente.