BIRMINGHAM, Alabama.- Los hijos de tres líderes sindicales colombianos asesinados presentaron una demanda el viernes reactivando los reclamos de que la firma estadounidense para la cual trabajaban fue responsable de sus muertes en las afueras de una mina de carbón hace nueve años.
Una demanda similar hecha por el sindicato al que pertenecían los hombres y sus viudas terminó con un veredicto a favor de la minera Drummond Co. Inc. en el 2007. Pero los demandantes, que quieren que la compañía pague por las muertes de sus padres, ahora tienen acceso a un testigo clave que no pudo presentarse en el primer juicio porque estaba en prisión, dijeron los abogados.

La demanda fue presentada en la corte federal de Birmingham por ocho hijos de Valmore Locarno, Víctor Orcasita y Gustavo Soler, quienes trabajaban en la inmensa mina de carbón de Drummond, La Loma. Intenta conseguir una cantidad no especificada de dinero para castigar a la compañía y dar una compensación por los asesinatos.

Locarno, un trabajador de mantenimiento y presidente del sindicato local, y Orcasita, otro directivo sindical, fueron sacados de un autobús de la compañía en las afueras de la mina en el 2001 y muertos a tiros. Soler, quien reemplazó a Locarno como presidente del sindicato, fue asesinado siete meses después de manera similar.

La demanda arguye que Drummond le pagó a fuerzas paramilitares para matar a los hombres, un reclamo que Drummond negó y fue rechazado por los jurados en Birmingham hace dos años. La 11ma Corte de Apelaciones mantuvo el veredicto en diciembre.

Uno de los abogados de los niños, Terry Collingsworth, dijo que el resultado podría cambiar en un segundo juicio debido a que el jurado podría escuchar el testimonio de un nuevo testigo, Rafael García, quien ha afirmado que vio al más alto ejecutivo de Drummond entregar ``un maletín lleno de dinero'' a una milicia ilegal de extrema derecha para que mataran a dos de los tres líderes sindicales.
García estaba encarcelado en Colombia durante el primer juicio y no pudo testificar. Pero ahora está libre y fuera del país.

El testigo ``está en un lugar seguro y está entusiasmado de tener oportunidad de testificar'', dijo Collingsworth.

Funcionarios de Drummond no respondieron de inmediato un mensaje en busca de comentarios, pero en el pasado la compañía ha considerado ``trágicos'' los asesinatos.

Junto a la compañía de Alabama, la demanda nombra como acusados a Drummond Ltd., su subsidiaria colombiana; el director ejecutivo de Drummond Ltd., Augusto Jiménez, y Alfredo Araujo, el vicepresidente de Drummond identificado como un cercano amigo del jefe paramilitar colombiano Rodrigo Tovar Pupo, quien también es conocido como ``Jorge 40''.

En Colombia no existe ninguna investigación penal en torno a Jiménez o Araujo por el asesinato de los tres líderes sindicales, dijo Carlos Camargo, subdirector de la oficina de derechos humanos de la Fiscalía General.

Camargo dijo a la AP que varios pistoleros de bajo nivel dentro de organizaciones paramilitares son investigados por las muertes de los sindicalistas.

Tovar Pupo fue extraditado a Estados Unidos el año pasado para enfrentar un juicio por narcotráfico.

La nueva demanda, como el caso anterior, fue presentada bajo la bicentenaria Ley de Reclamaciones de Agravios en el Extranjero, la cual permite a extranjeros presentar demandas en cortes estadounidense por presuntas fechorías fuera de Estados Unidos.

La demanda inicial fue la primera contra una compañía que, amparada por dicha ley, llegó a juicio.