En Europa entra en vigor el código de las buenas prácticas para combatir desinformación online

Esta es una versión revisada de las normas voluntarias que se pactaron en 2018, a las que se sumaron Google, Meta, Twitter, TikTok y Microsoft, así como también empresas de publicidad en internet y organizaciones de la sociedad civil.

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Según explicó el Ejecutivo comunitario, este nuevo código de autorregulación refuerza la lucha contra la desinformación en internet, con medidas que buscan garantizar que los difusores de noticias falsas no se beneficiarán de los ingresos publicitarios en la red.

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Así mismo, se fomenta que los encargados de verificar la información que se publica en internet reciban un sueldo digno por su trabajo y además, que los académicos que realizan investigaciones investigan sobre el fenómeno de las noticias falsas puedan tener un mejor acceso a los datos de las plataformas digitales.

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Por otra parte, también se le brindan a los usuarios nuevas herramientas con las que podrá detectar la desinformación en la red y a su vez, identifiquen los anuncios de marketing político en internet, dándoles información sobre quiénes son los responsables de este tipo de publicidad y cuánto cobraron por esta.

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“Este nuevo código contra la desinformación llega en un momento en el que Rusia está utilizando la desinformación como arma en su agresión militar contra Ucrania, y también en un momento en que vemos ataques contra la democracia”, explicó Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea de Valores y Transparencia.

“La desinformación es una forma de invasión de nuestro espacio digital, con un impacto tangible en nuestra vida diaria. Las plataformas digitales deben actuar con mucha fuerza, especialmente en el tema de la financiación. Difundir desinformación no debería aportar ni un solo euro a nadie”, comentó Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior.

En tanto que, los firmantes de este nuevo código de buenas prácticas cuentan con seis meses para implementarlo y a principios del año que viene presenten un informe al Ejecutivo comunitario sobre cómo se está llevando a cabo.

Por último, estas normas de autorregulación se van a incorporar a la futura ley de servicios digitales que se preve entre en vigor en 2023, con la que se obliga a las grandes plataformas a eliminar el contenido ilegal en internet si tienen conocimiento de ello.

Con información de la Agencia EFE.