Ejército mexicano dice que acatará recomendaciones de DDHH
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La Secretaría de la Defensa de México dijo hoy que acatará una serie de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que denunció torturas, asesinatos de civiles y detenciones arbitrarias por parte de militares en la lucha contra el narcotráfico.
"Esta dependencia del Ejecutivo Federal, respetuosa de las funciones que desarrolla la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha determinado aceptar sus recomendaciones, a las cuales se les dará cumplimento en los términos de ley", informó el ministerio. El presidente la CNDH, José Luis Soberanes, presentó hoy ocho casos de abusos registrados en los estados de Tamaulipas, Sonora, Michoacán y Sinaloa, en los cuales murieron siete civiles, entre ellos un joven de 17 años. "En todos los casos se trata de hechos trágicos y lamentables (...) que pudieron ser evitados con información más oportuna, con mejor capacitación del personal castrense y adecuado ejercicio y supervisión del mando", afirmó Soberanes. La comisión recomendó a la Secretaría de la Defensa investigar a fondo los hechos para sancionar a los responsables, indemnizar a las víctimas y brindar una mayor capacitación a los militares. En su respuesta, las autoridades militares indicaron que dos oficiales y diez elementos de tropa han sido procesados hasta ahora por tres de los ocho incidentes señalados por la comisión. "En los casos en que se ha comprobado la responsabilidad del personal militar en los hechos, esta Secretaría ha autorizado de manera expedita el pago para la reparación del daño a las víctimas", se afirmó.
La Secretaría de la Defensa agregó que el Ejército cuenta ya con un programa de capacitación para promover y fortalecer el respeto de los derechos humanos.
En su informe, el presidente de la CNDH dijo que, aunque "la presencia y participación temporal" de personal militar en tareas de seguridad pública es necesaria, debe estar sujeta a lineamientos que impidan abusos. Soberanos pidió, no obstante, que se fije un plazo para retirar al Ejército de estas labores. Grupos de derechos humanos han advertido en varias ocasiones sobre los riesgos que implica involucrar a militares en funciones policiales.
El gobierno argumenta, sin embargo, que la corrupción y falta de preparación de la policía impide encomendarles esta tarea mientras no se concluya una depuración de las fuerzas de seguridad. La comisión, un organismo estatal autónomo, tiene registradas 634 quejas por abusos de militares desde diciembre de 2006, fecha en la que comenzaron amplios operativos policíaco-militares del gobierno de Felipe Calderón para combatir el crimen organizado. Uno de los casos contenidos en el documento presentado hoy se registró el 11 de enero en la localidad de Huetamo, en Michoacán (oeste de México). Un joven de 17 años murió y otro de 19 resultó herido debido a que soldados abrieron fuego sobre su camioneta, supuestamente porque no quisieron detenerse en un control carretero. Más de 30.000 militares participan en operativos contra el crimen organizado en México. Este año han muerto más de 2.000 personas de manera violenta, la mayoría en supuestos ajustes de cuentas entre cárteles. Entre los muertos hay un centenar de policías.